El Gobierno asume que el debate territorial marcará la legislatura: cerrar el 'procés, 'plan Urkullu' y financiación autonómica

El debate territorial se coloca de nuevo en el centro de la política española y será omnipresente durante toda la legislatura. Pedro Sánchez sólo será presidente si se dan más pasos para dejar atrás el conflicto catalán. Y cuando eso pase, superado ese rubicón, el Gobierno de coalición tendrá ante si el sudoku de la financiación autonómica. Se asume que sólo por estos dos temas, ya es un asunto capital. Pero queda por aclarar si el presidente dará más pasos y se lanzará a profundizar en el Estado autonómico. Una decisión que, apuntan fuentes socialistas, se visualizará "en el discurso de investidura". "Eso marcará todo", aseguran.

Por ahora el equipo de Sánchez no quiere adentrarse en esa senda, a pesar de que la cuestión se ha vuelto palpitante tras la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de avanzar en el modelo territorial para dar "más autogobierno" a Euskadi, el resto de comunidades históricas y Navarra, sin tocar la Constitución, que plasmó en una tribuna en El País. En medio de las conversaciones con Junts y con ERC para encontrar una fórmula legal que permita amnistiar los delitos del procés, en el Gobierno en funciones no se ha querido abrir más frentes.

Urkullu propone una "convención constitucional" para profundizar en el autogobierno

Aunque hubo respuestas posibilistas como la de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que en la Ser aseguró que "es evidente que los partidos nacionalistas tienen una serie que requisitos y una serie de propuestas y creo que siempre hay capacidad para mejorar cómo funcionan nuestros sistemas”, fue el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien, de manera muy diplomática, frenó esta espiral. "Valoro la propuesta pero no es la nuestra", dijo, sin precisar si el Ejecutivo pondrá sobre la mesa ideas en esa misma línea.

Aunque Calviño lo consideró como una reclamación más de los nacionalista, el planteamiento de Urkullu es personal, fruto de sus reflexiones sobre cómo lograr más "capacidad de decidir" sin que medie una reforma constitucional, que requiere del inevitable apoyo del PP. Por eso propone una "convención constitucional" que permita pactar "una interpretación de la Constitución sobre aquello que no ha resuelto": la cuestión territorial", y sin que haya modificación previa de la Carta Magna. Pero esto no lo pide el PNV ni tiene que estar presente en la negociación de la investidura. "No tiene nada que ver, cada cosa tiene su carril", señalan fuentes nacionalistas. Además de que la competencia sobre los pactos recae exclusivamente en el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

Esto facilitó que Bolaños se sacudiera el tema de encima. Por el momento ya es suficientemente complicado abordar el cambio del sistema de financiación autonómica. Hace un año se envió un borrador a las comunidades autónomas, tras el informe de los técnicos que situó la población ponderada como eje central para el reparto de recursos. Pero, a partir de ese momento, con un horizonte de elecciones autonómicas y municipales (28M), no hubo más avances.

El PSOE prometió nueva financiación en un año

Ahora, hay que volver sobre ese tema, aunque desde el Ministerio de Hacienda aseguran que no hay ninguna hoja de ruta y que todo dependerá del nuevo Gobierno. El propio PSOE, en el programa electoral de las generales del 23J, se comprometió a impulsarlo para que pueda estar aprobado en el "plazo máximo de un año", pese a la dificultad de que 12 de las 17 autonomías esté gobernada ahora por el PP. Y de la circunstancia añadida de que se puedan alcanzar promesas en esta materia en las negociaciones con ERC y Junts para la investidura.

Además los socialistas dejaron por escrito algunos de sus objetivos: que el nuevo sistema "impulse que la inversión del conjunto de Administraciones Públicas en sanidad sea como mínimo del 7% del PIB, en educación del 5% y en servicios sociales del 2%".

Sólo la financiación, reconocen en el PSOE, ya distingue esta legislatura como territorial. Junto al 'detalle' de que el futuro Gobierno de coalición, en todas sus votaciones, dependerá de los siete diputados de Junts. O de la confirmación de que los primeros pasos tras el 23J -el uso de lenguas cooficiales en el Congreso o la petición para que se puedan usar también en Bruselas, pedidos por ERC y el partido de Carles Puigdemont- están vinculados al reconocimiento de la España plural.

La sensación de que esta nueva etapa, si finalmente arranca por la suma del bloque nacionalista-progresista, puede servir para avanzar en el estado autonómico sobrevuela el ambiente político prácticamente desde la noche del 23J. De hecho, una de las razones que animan al PSOE a impulsar la amnistía -además de que es el precio que ha puesto Junts para que Sánchez pueda seguir en la Moncloa- es que entienden que la ciudadanía ha avalado sus medidas para pacificar el conflicto catalán, desde los indultos a la eliminación de la sedición o la reforma de la malversación. Y, aunque se trata de cuestiones distintas, sí creen que hay una manera de sentir España, de considerarse español, distinta a la que se trata de imponer en Madrid.