Miriam SUÁREZ

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, la CUOTA, fijó en 176,75 euros por metro cuadrado el precio de las expropiaciones incluidas en la tramitación del plan de Castiello de Bernueces. Esta cantidad dobla la tasación de partida y se aproxima al dinero que desembolsaron los promotores de la operación en las compraventas que realizaron de mutuo acuerdo en la parroquia. Pero no es suficiente para quienes están sujetos a expediente expropiatorio. Uno de los afectados llegó, de hecho, a pedir 450 euros por metro de parcela.

«Resulta desproporcionado y carente de la más mínima justificación. Aplicando los precios indicados, una vez consideradas las cargas que deberían soportarse, daría como resultado un precio por cada parcela para una vivienda unifamiliar de unos 900.000 euros, lo cual resulta totalmente inaceptable, pues prácticamente triplica el precio de mercado», le respondieron los técnicos encargados de estudiar los posibles recursos. En total, se presentaron once alegaciones. Casi todas ellas mostraban disconformidad con la valoración que se había hecho del suelo expropiado.

El terreno en cuestión -siete fincas ubicadas en suelo urbano y tres en suelo rural- apenas representa el 1 por ciento del ámbito de actuación del plan de Castiello, que ocupa una superficie de casi un millón de metros cuadrados. Sus dueños ni se avinieron a vender ni quisieron compartir cargas y beneficios con los promotores de la operación. La CUOTA zanjaba hace un par de semanas las diferencias entre ambas partes dando por resuelta la expropiación de las parcelas pendientes de adhesión.

La compra de suelo en Castiello de Bernueces se remonta a 2005, cuando el Ayuntamiento adaptó el planeamiento urbanístico gijonés a la nueva ley del Suelo, dando lugar a un plan que permitía construir en la parroquia cerca de 4.000 viviendas. Cuatro años después, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anulaba el documento resultante y obligaba a redactar un nuevo Plan General de Ordenación (PGO). El proyecto anunciado para Castiello sobrevivió al revés judicial, aunque su tramitación todavía no se ha completado.

Entre los flecos que faltaban por alisar estaba el expediente de expropiación forzosa de las últimas diez fincas del plan de Castiello. El Ayuntamiento de Gijón inició el procedimiento en abril del año pasado. Los promotores -entre los que figuran algunos de los principales empresarios asturianos de la construcción- pudieron recurrir a esta fórmula como propietarios mayoritarios del ámbito de actuación y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo previo, escenario recogido en la vigente ley del suelo.

Es un paso más en el mayor desarrollo residencial del PGO gijonés, que después de seis años de gestiones tiene ahora que someterse a una evaluación de impacto ambiental. El Principado informaba de esta exigencia en octubre de 2011.