M. CASTRO
El Principado estima en unas 100.000 viviendas las afectadas por la inspección técnica de edificios residenciales, trámite que tendrán que pasar obligatoriamente entre 2013 y 2015 los edificios de viviendas con más de 50 años de antigüedad y que estén en poblaciones de más de 25.000 habitantes, que en Asturias son Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo y Mieres.
La inspección técnica, que efectuarán empresas habilitadas, será obligatoria para que esos edificios obtengan una nueva cédula de habitabilidad, para lo que tendrán que efectuar de manera obligatoria las obras para garantizar la seguridad y salubridad del inmueble. Los inspectores también podrán recomendar a los propietarios mejoras de accesibilidad, ambientales o de eficiencia energética, pero sin imponerlas. Tras la primera inspección, los edificios tendrán otras sucesivas cada diez años.
La inspección técnica obligatoria en estos edificios antes de 2015 es una decisión del gobierno central, se regulará por decreto en las comunidades autónomas y lo tendrán que aplicar los ayuntamientos a través de ordenanzas. El Principado ultima la elaboración de su decreto, que ayer presentó en la Feria de Muestras a constructores, técnicos y ediles de 20 municipios, colegios profesionales relacionados con el sector y asociaciones.
La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz anunció ayer en la Feria que antes de que concluya el año ya estará aprobado el decreto, para entrar en vigor a principios de 2013. Su aplicación, no obstante, no será inmediata, dado que los ayuntamientos afectados tendrán que desarrollarlo mediante ordenanzas. La inspección también contribuirá a mejorar las condiciones de vida de «personas de edad avanzada, con dificultades de movilidad», que residen habitualmente en estas viviendas antiguas. También, contribuirá a mitigar la crisis del sector de la construcción, añadió Díaz.
Además del decreto, una de las primeras tareas del Principado será la elaboración de un censo de edificios de viviendas de más de 50 años. La cifra que ayer dio la consejera de viviendas afectadas es una primera estimación.
La aplicación de este decreto también irá acompañada, previsiblemente de medidas de apoyo. La consejera apuntó a las ayudas a la rehabilitación que ofrecerá el nuevo plan de vivienda del Principado, espera que también haga lo propio el Estado y pidió la colaboración de los ayuntamientos que podrían, por ejemplo, renunciar al cobro de licencias para las obras a las que obligue la inspección.
Los incentivos públicos para que que la inspección obligatoria no se les atragante a los propietarios y se cumpla el plan en el plazo fijado es algo que también planteó el arquitecto Arturo Gutiérrez de Terán, director de la Fundación Estudios de Calidad de la Edificación Ambiental (Fecea), que ha realizado el informe técnico para la elaboración del decreto. Gutiérrez de Terán considera que las ayudas, créditos blandos o incentivos fiscales son necesarias para la puesta en marcha de estas medidas y que luego deben eliminarse, una vez que hayan calado entre la población, como hicieron Francia y Alemania. «No es posible arrancar si no hay medidas de fomento», indicó ayer durante la presentación del informe para el decreto.
En el mismo sentido se pronunció el presidente de la patronal de la construcción asturiana, Serafín Abilio Martínez, para quien «esto está bien, pero para que coja velocidad, las comunidades (de vecinos) van a necesitar financiación», por lo que cree que su aplicación llevará tiempo, dado que las administraciones tienen «cosas mucho más fundamentales» a las que destinar sus recursos en la actual coyuntura económica. «La gente va a esperar todo lo que pueda» para pasar esa inspección, opinó.
