Un supuesto delito fiscal y el cambio de Juzgado, pendientes
Además de declarar por un supuesto fraude, los responsables de Tudela Veguín en la época en la que se amplió El Musel están pendientes de la decisión que tome la Audiencia Nacional sobre si se suma a la causa un supuesto delito fiscal, de la cementera y de Dique Torres.
Durante la ejecución de la obra, entre 2005 y 2010, de las canteras de Tudela Veguín salieron 19,71 millones de toneladas de pedraplén, escollera, rellenos y áridos para la obra de ampliación. Tudela Veguín sólo facturó a Dique Torres los gastos de explotación de las canteras, 7,7 millones de euros. Directivos de la UTE declararon en el Juzgado que la piedra no fue gratis, sino que a cambio se hicieron trabajos, sin facturar, que cifraron en 80 millones de euros. El Juzgado rechazó investigar ese supuesto delito fiscal, lo que fue recurrido por el Abogado del Estado y la Fiscalía ante la Audiencia Nacional, que aún no se ha pronunciado.
La Audiencia Nacional también deberá dirimir si el caso sigue en el Juzgado central de instrucción o se traslada a uno de Gijón, tras la decisión de la magistrada de inhibirse.
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