Un concurso de méritos a medida para la secretaría general

El Pleno de la Cámara de Gijón aprobó el viernes las bases del concurso de méritos para elegir a su nuevo secretario general en las que se establece criterios que favorecen a quien ocupa el cargo en funciones; el exsecretario general de Femetal Álvaro Alonso Ordás.

Así, se otorgan hasta 10 puntos por el desempeño como titular o en funciones de la plaza de secretario general en la Cámara de Comercio de Gijón. Sólo existen otras dos persona además de Alonso que cumplan ese criterio y ambas forman parte de los 8 trabajadores que este año se han desvinculado de la Cámara mediante un plan de bajas incentivadas que le ha costado a la institución 455.309,52 euros: la última secretaria general y la asesora jurídica de la Cámara (que la sustituyó durante una prolongada incapacidad temporal). A quienes hayan desempeñado labores de secretario general en otras cámaras de comercio se les dará, por contra, un máximo de 5 puntos. En ambos casos se requiere que el desempeño se haya efectuado "con laboriosidad y eficacia".

Otro de los baremos otorga hasta 3 puntos a quien haya desempeñado la plaza de vicesecretario general o similar en otra cámara frente a los 6 puntos para quien haya desempeñado esa función en la Cámara de Gijón, cargo que ocupó Alonso ante de ser secretario en funciones. Por ser licenciado en derecho se obtendrán 6 puntos y por otras titulaciones universitarias, 2. Por experiencia profesional en coordinación de actividades feriales y congresuales se otorga un máximo de 4 puntos.

Haber desempeñado cargos técnicos en organizaciones empresariales distintas a las Cámaras de Comercio que impliquen un conocimiento de la realidad económica y social de Asturias otorga hasta otros 4 puntos.

El concurso de méritos se completa con una entrevista personal con la comisión designada para la selección -5 integrantes del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio y 1 miembro del pleno- en la que se darán hasta 10 puntos.

Las bases deberán ser visadas por el Principado, institución tutelante de la Cámara, que es una entidad de derecho público.