Moriyón reta al "PSOE que aspira al gobierno" a decir si apoya el recurso

El PP, que lleva el asunto al Pleno, exige ya una cuantificación del coste económico para el Ayuntamiento de perder la batalla judicial

Carmen Moriyón.

Carmen Moriyón. / P. Palomo / R. Valle

P. Palomo / R. Valle

Foro y PP, los dos partidos que llevaron la ordenanza de movilidad a los Juzgados, no están dispuestos a desaprovechar el tanto que les da la anulación judicial de la normativa por la insuficiencia de un informe económico. Desde el lado forista, era ayer su candidata a la Alcaldía, Carmen Moriyón, quien cargaba contra el PSOE. Y desde el PP lo hacía la edil Ángeles Fernández-Ahúja quien se apresuraba a registrar una iniciativa que garantiza que la bronca llegue al Pleno.

"La sentencia no entra en el fondo del asunto pero deberían de reconocer que la sociedad gijonesa sí y rechaza frontalmente esta ordenanza. Eso es lo que deberían de reflexionar", le exigía al gobierno de Ana González la exalcaldesa Moriyón. Aunque para la candidata lo interesante no es lo que diga el gobierno sino lo que diga "el PSOE que aspira al gobierno. Es necesario que se manifiesten pronto y digan exactamente si están de acuerdo con el PSOE gobernante en ese recurso que van a poner en marcha. Están empeñados en complicar la vida hasta el último día a los gijoneses".

Foro ya anunció que si asume el gobierno suspenderá esta ordenanza. Y no solo, también reformulará el plan de movilidad porque "es un clamor en la ciudad, las cosas no están bien planteadas". El ejemplo para Moriyón es la zona Oeste "donde la ecomanzana se ve como una complicación y es muy difícil convencer a los vecinos de que la contaminación se va a resolver así mientras siguen pasando camiones por Príncipe de Asturias hacia El Musel y el vial de Jove no se desbloquea".

Por su parte, el PP ha movido ficha dentro de la Casa Consistorial con una batería de preguntas sobre el asunto para el pleno ordinario de la semana que viene. Ángeles Fernández-Ahúja quiere que se expliquen las razones que justifican la interposición del recurso de casación ante el Supremo frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula la ordenanza de movilidad pero también si se contempla la posibilidad de una suspensión de la aplicación de la ordenanza mientras falla el Supremo.

Pero además de explicaciones la edil popular quiere datos, en concreto la estimación que hace el gobierno del coste económico que podría suponer para las arcas municipales en el caso de que se desestime ese recurso.

Y para que la sentencia de la ordenanza de movilidad no sea la única que pase por el Pleno, el PP también ha registrado una pregunta que tiene que ver con el litigio sobre el "cascayu" que ha ganado Stop Muro en los tribunales. El interés del PP es saber si el gobierno tiene previsto acometer alguna actuación en la zona antes de que acabe el mandato. De hecho los populares, en el marco de las enmiendas presupuestarias, querían propiciar una reforma del espacio del Muro para volver al diseño previo al polémico "cascayu".

"A estas alturas podemos afirmar que el actual gobierno municipal va a pasar a la historia por su largo rosario de fracasos judiciales. Fracasos que, dicho sea de paso, estaban cantados. Eran fácilmente predecibles, ya que cuando se desprecia la legalidad vigente, la Justicia se encarga de ponerte en tu sitio", sentenciaba ayer la edil conservadora. Ahúja no ve conveniente la decisión del gobierno de recurrir: "Debe hacérselo mirar, porque hay que tener en cuenta el coste económico en caso de perder el recurso de casación".