Dique Torres encargó un proyecto que abarataba la obra de El Musel tras el contrato, afirma un testigo

La ingeniería que hizo para la UTE Dique Torres el proyecto que seleccionó la Autoridad Portuaria de Gijón para ampliar El Musel entregó a la UTE al poco de producirse la adjudicación una modificación del proyecto que facilitaba la construcción reduciendo los costes de la obra en magnitudes de decenas de millones de euros, según declaró en la sesión del juicio del "caso Musel" celebrada ayer Guillermo Ontañón Carrera, ingeniero de Caminos de la empresa Intecsa. Vino así a corroborar la línea argumental de la primera gerente de Dique Torres, Ana Dizy, que fue destituida de manera fulminante a los dos meses de iniciarse la obra.

Dizy es una de las acusadas en el "caso Musel", en el que se enjuician en la Audiencia Nacional las supuestas irregularidades en torno a la gran obra portuaria, que se construyó entre 2005 y 2011. En su declaración, la primera gerente de la UTE había señalado que Dique Torres había encargado un estudio para reducir los daños por la acción del mar durante la construcción de los diques de abrigo de la nueva dársena portuaria. E indicó que el comité de gerencia le prohibió entregar a la Autoridad Portuaria aquel estudio que reducía el coste y el plazo de la obra, acabando por ser destituida por el director de obra civil de Dragados, José María López Piñol –otro acusado– quien según Dizy se había desplazado a Asturias para eso.

El ingeniero de Caminos de Intecsa Guillermo Ontañón Carrera explicó ayer en el juicio que su empresa fue la que hizo para la UTE la variante que ganó el concurso para la ampliación de El Musel "que se entregó a Pablo Molinero, de Dragados". Y que, posteriormente a la adjudicación, realizó por encargo de la UTE cambios en el proyecto constructivo "con el objetivo de abaratar los costes, según las indicaciones que habíamos recibido".

Los cambios que Intecsa hizo sobre el proyecto que había ganado el concurso, permitían, según Ontañón, abaratar la obra en magnitudes de decenas de millones de euros y acortar el plazo en unos dos meses. Dado el tiempo transcurrido, no pudo precisar el monto que se ahorraba: "Sé que tratamos de reducirlo apreciablemente, no sé si 30, 40, 50 millones de euros, no sé si en un 8% o un 10%; en ese entorno", relató.

El testigo no supo dar cuenta al fiscal de por qué esos cambios en el proyecto no los había presentado la UTE en la oferta con la que concurrió al concurso, reconociendo que hacerlo con posterioridad requeriría de la aprobación de un modificado del proyecto. Además, señaló que su cliente era la UTE y que los trabajos se los entregaba a ésta, sin poder saber si la UTE a su vez los aportó a la Autoridad Portuaria.

La propuesta de Intecsa para reducir costes, y el plazo en dos meses, consistía por un lado en construir antes del Dique Norte, con fondeo de cajones, para proteger del oleaje la construcción del Dique Torres y que los temporales no se llevasen parte de la obra del mismo y, además se planteaba cambiar el entronque entre ambos diques, haciendo la parte final del Dique Torres con cajones, reduciendo la necesidad de material de canteras y el impacto medioambiental de "la ola corredera (a lo largo del Dique Norte) que con vientos nordeste que tenía incidencia sobre zona Candás".

El testigo señaló que había participado en una reunión con el exdirector del Puerto José Luis Díaz Rato, también acusado, en la que recordó "perfectamente" que éste rechazó cualquier modificación al proyecto adjudicado. En mayo de 2005, Intecsa dejó de prestar servicios para la UTE, coincidiendo con el cese de Ana Dizy.

En la sesión de ayer, también declaró el jefe de canteras de la UTE, Avelino Castañón Morán, de Alvargonzález Contratas, quien indicó que estaban "volcados" en intentar explotar las canteras previstas desde el principio y que no contaban con los problemas que hubo con Hidrocantábrico para explotar la cantera de Aboño y el Ayuntamiento de Carreño para la de Perecil 2, además de que había un control de la procedencia y tonelaje de material de canteras aportado a la obra.

La exsecretaria de la Autoridad Portuaria Lucía García, que no había declarado en la instrucción, atribuyó a "un error involuntario" que se enviara al juzgado documentos digitalizados sobre el contrato y la licitación erróneos, dando así una explicación ante las sospechas del fiscal sobre que la UTE adjudicataria conociera de antemano los pliegos. García también defendió que el contrato entre las partes era privado y que el director del Puerto estaba facultado para modificar los precios de los materiales, que luego ratificó el Consejo en el modificado.

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