Peritos de Tudela Veguín niegan que la UTE que amplió El Musel pagara en especie

El juicio del "caso Musel", por las supuestas irregularidades en la obra de ampliación portuaria, que se desarrolla en la Audiencia Nacional y que tuvo su primera sesión el pasado 16 de enero, concluyó ayer la fase de presentación de pruebas con la declaración de dos peritos de Deloitte que realizaron sendos informes por encargo de Tudela Veguín, sociedad para la que inicialmente la Fiscalía solicita un pago de 80 millones de euros como supuesta beneficiaria a título lucrativo de un supuesto fraude en la obra de ampliación del puerto, que también ha llevado al banquillo de los acusados a cuatro excargos públicos y 16 directivos empresariales –se suspendió el juicio respecto a un decimoséptimo por su estado de salud–, acusados de un supuesto fraude y, además, los excargos públicos, de supuestos delitos de prevaricación.

El motivo de que se le reclame a Tudela Veguín el pago de 80 millones de euros es el informe presentado por la UTE Dique Torres –que construyó la ampliación de El Musel– en el que negaba la acusación de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) de haber obtenido la mayor parte de la piedra necesaria para la obra de ampliación de El Musel de manera casi gratuita en canteras de Tudela Veguín, haciéndose cargo tan sólo de algo más de siete millones de euros de las voladuras. En el informe pericial encargado por Dique Torres a PricewaterhouseCoopers, se afirma que la UTE incurrió en unos costes de 76,79 millones de euros para la extracción de material de canteras de Tudela Veguín, algo que directivos de la UTE afirmaron durante la instrucción de la causa penal que habían sido en beneficio de la empresa cementera.

Uno de los informes periciales encargados por Tudela Veguín se centró en analizar los costes en los que Dique Torres señala que incurrió para explotar las canteras de la cementera. Y concluye que se trata de costes necesarios para la actividad de la obra portuaria, como el transporte de materiales hasta la misma, para la extracción de la piedra que obtuvo Dique Torres en las canteras de Tudela Veguín, como perforaciones y voladura y otros trabajos para la obra como la construcción de una planta de machaqueo o la instalación de un sistema de bombeo.

Respecto a otras labores, apuntadas por la UTE, como mejora de caminos, retirada y reposición de líneas eléctricas, o la retirada y construcción de un nuevo depósito de agua, los peritos de Deloitte sostienen que no supusieron un beneficio para Tudela Veguín, sino que se trataba de garantizar que la actividad de la UTE en sus terrenos no perjudicaba a la cementera.

En cuanto al desmonte de Peña María rebajando la cota de terrenos propiedad de la cementera, los peritos señalan que se hizo en previsión de que también se iba a desmontar el Alto de Aboño paga ganar terreno para el Puerto (algo que finalmente no se hizo), explicando que "para evitar un desinvel, surge la necesidad de explanarlos (los terrenos de la cementera) para que no quedaran desnivelados y no haya un perjuicio por riesgos o desde el punto de vista del entorno paisajístico por terrenos totalmente desnivelados", señaló uno de los peritos, Amire Sarshar.

El otro informe pericial que efectuó Deloitte era el relativo al precio del cemento que Tudela Veguín cobró a la UTE Dique Torres, concluyendo que fue un precio sensiblemente inferior a la media del que la cementera cobró a otros clientes, debido al elevado volumen de cemento que le compraron para la obra de El Musel. En ese informe no analizaron el beneficio de Tudela Veguín con esa venta ni compararon el precio que pagó la UTE con otros precios de mercado, a preguntas del fiscal que recordó que en la obra de ampliación de La Coruña el precio costó 10 euros por tonelada más barato. Los peritos también señalaron que veían "sentido económico a la unidad de contrato" en la que se pactó al mismo tiempo la venta de cemento y el permiso para extraer piedra de las canteras de la cementera.

El juicio se reanudará el día 24, en el que acusaciones y defensas presentarán sus conclusiones definitivas. El fiscal ya avanzó ayer que no solicitará penas más elevadas de las que planteó en sus conclusiones preliminares, las incluidas en el escrito de acusación al inicio del juicio. Tras las conclusiones, cada parte explicará sus motivos en un informe y los acusados tendrán la última palabra.

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