Rexach, en el cierre del juicio del "caso Musel": "Busqué el interés general"

"Rechazo cualquier acusación de haber cometido cualquier tipo de delito de los que aquí se han planteado". Así arrancó ayer el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach su derecho a ejercer la última palabra en el macrojuicio por los sobrecostes de la ampliación de El Musel. El antiguo dirigente defendió de nuevo su inocencia en otra larga sesión del proceso, ya la última, celebrada en la Audiencia Nacional. Ana Isabel Dizy, la primera gerente de la UTE Dique Torres, la alianza de constructoras que hizo las obras entre 2005 y 2011, también hizo uso de la última palabra para negar su implicación en un asunto que afectó a "su vida personal y prestigio profesional".

Antes, las defensas de 14 de los 17 directivos que ocuparon cargos de responsabilidad en Dique Torres reclamaron su absolución. Descartaron que hubiera "un acuerdo subterráneo" para encarecer la actuación, como sostuvo el fiscal, y que los sobrecostes, provocados por los cambios en las canteras, fueron "sobrevenidos e imprevisibles". "El fiscal ha actuado cegado por su propia acusación", llegaron a decir. Por su parte, la Abogacía del Estado pidió exonerar a la Autoridad Portuaria de indemnizar subsidiariamente a los vecinos de Alto Aboño, en concreto, a José Prendes, por las expropiaciones de los terrenos porque "ya se pagó la cantidad justa".

Rexach repasó punto por punto un caso cuyo juicio empezó en enero, tras ocho años de retrasos y que busca dilucidar qué pasó para que la ampliación del puerto, adjudicada en 499 millones, se liquidara con 22 meses de retraso por 708. "Inicialmente se me atribuían seis delitos, aunque la acusación pública luego lo redujera a dos", arrancó el expresidente. "Nunca, en ningún caso, he cometido ningún delito ni actuación irregular y por eso rechacé la presunta culpabilidad planteada por la fiscalía a cambio una minimización de la posible pena", prosiguió.

Rexach incidió en que, durante su etapa en el puerto, hizo todas las actuaciones "contando con todos los informes técnicos y jurídicos y los informes positivos de cuantas organizaciones participaron en el proceso". "He buscado la defensa del interés general en una obra muy importante para Asturias, España y Europa. Su necesidad fue reconocida a todos los niveles", expresó, en referencia a una de las tesis mantenidas por el fiscal, Miguel Serrano Solís, que llegó a considerar innecesario hacer crecer a El Musel. "El fiscal dijo en un inicio que había indicios (de actuación irregular) y me he encontrado que los indicios se han convertido en pruebas", lamentó Menéndez Rexach.

El antaño responsable de la Autoridad Portuaria cargó contra la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la entidad que abrió hace años la investigación. "Llama la atención que, con la cantidad de informes de la Intervención general de la Administración del Estado (IGAE), abogacía del Estado, Puertos del Estado y un sin número más de entidades, sus peritos, que son en los que se basa el fiscal para su acusación, hayan alegado que no consultaron ninguno de ellos", enunció. "En ninguna de esa ingente documentación aparece nada que pueda considerarse un delito", postuló. "Defendí el interés general con el menor uso de recursos posibles y procurando que la obra costara lo menos posible", agregó Fernando Menéndez Rexach. Negó también que hubiera connivencia entre las empresas de la UTE para encarecer los precios como sostuvo el fiscal. "Difícilmente puede haberla cuando hubo una liquidación negativa de 92 millones de euros", subrayó. "Es falso y contrario a la realidad contable de la obra. Uno de los acusados indicó que la UTE dio pérdidas por 15 millones. El beneficio esperado era de 25 millones de euros. Esto compagina mal con cualquier tipo de acuerdo subterráneo", incidió.

Menéndez Rexach habló de la Abogacía del Estado, del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan), que ejercía la acusación popular, y de la asociación de vecinos del Alto Aboño, a su vez la acusación particular. Respecto a los primeros, señaló el "giro de 180 grados" respecto a él. "Tuve su más alto respaldo, pero a finales del 2015 se alinea con la Fiscalía. De no haber sido así no habríamos llegado a juicio", lamentó. Menéndez Rexach justificó esta situación "por el cambio político" que hubo a finales de 2015 en Puertos del Estado. "Su apoyo cerrado se convirtió en una acusación", dijo. Respecto a la Ocan, censuró "su vinculación" con Podemos (Daniel Ripa se encontraba entre sus fundadores). En cuanto a los vecinos, se centró en José Prendes. "Pide daños morales valorados en 950.000 euros y es cierto que hubo daños, pero fueron hacia mi persona", zanjó Rexach pidiendo su absolución "a la vista de las pruebas".

Ana Isabel Dizy fue más breve. Recordó que su vinculación con el caso duró solo "cuatro meses". Fue el tiempo que pasó como gerente de la UTE, entre enero y mayo de 2005. "Fui nombrada sin que me consultaran y cesada sin que me explicaran los motivos", expuso. Rememoró el estudio técnico que encargó para abaratar la obra y que "nunca llegó a usarse". Dijo que se fue del tema antes de los cambios en las canteras. "Me fui sin conocer la procedencia de los materiales y la estimación del coste", dijo. "El fiscal dice sin ningún fundamento que dije que yo sabía que la obra no podía hacerse", rebatió. "Tras mi cese no tuve relación con Dique Torres, ni la Autoridad Portuaria", agregó. "El contrato que firmo es de la ejecución de la obra, que ni llego a empezar. Nunca sugerí ni insté a nadie de la Autoridad Portuaria a redactar precios contradictorios ni el modificado", zanjó.

Libre absolución

Los abogados de los altos directivos de la UTE pidieron la libre absolución de sus representados. El letrado que defendió a Juan Miguel Pérez, David López, Manuel Amaro, Luis Sánchez y Octavio del Real indicó en que las actas de los nuevos precios y el modificado fueron "consecuencias sobrevenidas e imprevisibles". "La UTE tubo enriquecimiento injusto, sino pérdidas", reafirmó. El abogado de Javier Hidalgo, Vicente Moscardó, Francisco Javier Lázaro y Jesús Fernández hizo la intervención más larga. Indicó que el fiscal hizo un planteamiento "maximalista" y con afirmaciones "incongruentes". "Aún hoy no sabemos en qué consistió el fraude, ni cuando ni como se produjo", afirmó.

El letrado de Juan Ernesto Pérez, Francisco José García y Rafael Martín también defendió su inocencia. "Su participación es muy limitada, y aunque no han cometido ningún delito, estaría prescrito", dijo. El de Maximino Gorostiza también pidió su libre absolución, consideró que el delito está prescrito y reclamó al tal juez que proceda penalmente contra Abando Tartiere (expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés) "por falso testimonio". El abogado de Joaquín Jiménez siguió la misma línea y pidió que la Ocan asuma las costas del proceso. El juicio, tras más de 20 sesiones, quedó ayer listo para sentencia.

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