Los absueltos en el "caso Musel" estudian acciones para "reparar el daño causado"

La "contundente sentencia" de la Audiencia Nacional por el "caso Musel" deja abierta la puerta a que los acusados absueltos, una veintena de cargos públicos y directivos empresariales involucrados en la obra de ampliación del puerto, estudien la posibilidad de emprender acciones legales para "reparar el daño causado". Al menos, esa es la lectura de los abogados de la defensa. Prefieren ser cautos, eso sí, y esperar a que la sentencia sea firme. Si la Fiscalía Anticorrupción o la acusación particular deciden presentar recurso de apelación, habrá que esperar a que el Supremo se pronuncia. De no ser el caso, el fallo del viernes será definitivo y podrían emprender una acción conjunta para "pedir responsabilidades a quien ha permitido esto".

Estas palabras hacen referencia principalmente a la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. "La sentencia da pie a ello porque deja en evidencia el fallo en los filtros procesales y es contundente con la actuación del fiscal", defiende Agustín Azparren, abogado de Fernando Menéndez Rexach, expresidente de la Autoridad Portuaria, y absuelto de los delitos de fraude y prevaricación. Para Azparren este caso es "insólito". Los abogados de la defensa ya barruntaron durante la celebración del juicio cuáles eran las posibilidades de resarcir los daños de sus clientes en el caso de salir victoriosos. Ya entonces, bajo su punto de vista, les parecía un error la celebración del juicio, más aún por la vía penal, teniendo en cuenta que en su momento el Supremo ya había desestimado la vía contencioso-administrativa.

Una postura que precisamente fue avalada anteayer por la resolución de 79 páginas, que apuntaba a la "ineficacia que han demostrado en este caso los filtros procesalmente establecidos para impedir que lleguen a la fase de juicio oral hechos con escaso o nulo poder incriminatorio, sobre todo respecto de alguno de los acusados en los que su participación en los hechos enjuiciados ha sido meramente episódica". Los abogados de los acusados, según explica Azparren, pusieron en común las posibilidades de compensación moral o económica para sus clientes. Un campo "complejo", admite, ya que no es posible exigir directamente una indemnización por daños y perjuicios a trabajadores públicos.

La opción "más viable", a su parecer, es emprender una acción directa contra la compañía de seguros por la póliza de responsabilidad civil en el ejercicio de su profesión. Un respaldo con el que suelen contar los funcionarios. Es una fórmula que, por ejemplo, los pacientes utilizan para reclamar un perjuicio cuando consideran que los médicos de la sanidad pública no han ejercido correctamente su labor. La otra alternativa, "mucho más complicada", es reclamar al Estado por responsabilidad patrimonial. "Tenemos que esperar a que se haga firme y pensar. Es un procedimiento complicado. Hay que ser cautos y tener paciencia. Llevamos años de sufrimiento", añade el letrado Viliulfo Díaz, defensa del también absuelto José Luis Díaz Rato, el que fuera director de la Autoridad Portuaria durante la ampliación de El Musel. Para Díaz, tomar cartas en el asunto "haría un gran favor a mucha gente". "Han sido años y años de noticias en los periódicos, fotos... con una clara repercusión en el ámbito personal. Los miraban como delincuentes", añade Azparren.

En cuanto a la acusación particular, hay que tener en cuenta que el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN) se limitó básicamente a seguir los pasos del fiscal. De hecho, ni tan siquiera se le imponen costas en el fallo, "algo que es habitual en estos casos", aclara Azparren. De hecho, la sentencia obliga a asumirlas íntegramente a José Prendes, el vecino que denunció a Rexach por la expropiación del Alto Aboño. La resolución considera "temeraria o realizada con mala fe" la acusación para tratar de lograr la indemnización que le negaron por la vía administrativa. "Las costas no resarcen, pero su imposición es simbólica", apunta Azparren.

Lo que todavía no se ha despejado es si la causa se elevará al Supremo. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular meditan esta posibilidad. La presidente de la OCAN, Anaya Caraduje, señala que esperan tener tomada la decisión "durante la próxima semana".

«Son cinco días de plazo para presentar el recurso de tasación, incluso podría haber cierto margen al ser agosto mes inhábil. Estamos estudiando la viabilidad del recurso; nuestra idea es poder anunciarlo cuanto antes», añade Caraduje. «Estamos tratando de encajar el fuerte golpe. Al ser agosto mes inhábil, habrá tiempo para madurar la respuesta», reconoce Manuel Junquera, abogado del vecino del Alto Aboño, preguntado sobre si acudirán al Supremo. 

La sentencia de la Audiencia Nacional es fruto de una investigación penal que se inició hace ocho años para analizar presuntas irregularidades en las obras de ampliación del Musel, ejecutadas entre 2005 y 2011. El procedimiento judicial comenzó a raíz de las denuncias interpuestas por Fiscalía y OCAN en base a un informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). El fallo es contundente y desestima todos los argumentos de la acusación, además de considerar que «no hay constancia alguna de que la actuación de los acusados o de alguno de ellos obedeciera al propósito de defraudar a un ente público. Al contrario, la prueba practicada solo indica la acción de los responsables de la Autoridad Portuaria para lleva a buen fin una obra ingente, de gran complejidad». 

La resolución rechaza que hubiera irregularidades en la licitación, adjudicación y modificado de la obra y ve los problemas para explotar las canteras previstas en un principio como la causa de los sobrecostes. Los magistrados Francisco Javier Vieira Morante, María Riera Ocariz y Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez también respaldan en el texto que el modificado y la contratación de la obra contaron con todos los informes favorables. 

El juicio se celebró entre enero y junio, contra el exsecretario de Estado de Transportes, Fernando Palao Taboada; el expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas; el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y el exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato, además de 16 directivos de la UTE Dique Torres y de las constructoras que la conformaban. La Fiscalía pedía tres años de prisión para los excargos públicos por un delito de fraude y dos de cárcel para los directivos empresariales como cooperadores de dicho delito. Asimismo, exigía penas de inhabilitación en el caso de Rexach y Díaz Rato por un delito de prevaricación, que el OCAN hacía extensivo a Palao y Navas. A Rexach también se le acusaba de un delito de prevaricación por la expropiación del Alto de Aboño.

A raíz de la sentencia, varias voces importantes del PSOE salieron al paso para reivindicar el perjuicio político que, a sus ojos, supuso para el partido este caso. Entre ellas, la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, quien declaró en el proceso como testigo y recordó que «en 2015, el PSOE no obtuvo la Alcaldía de Gijón con José María Pérez porque Mario Suárez del Fueyo (Xixón Sí Puede) dijo que no le podían apoyar porque había estado en el consejo del Musel, que por cierto sólo estuvo en el modificado». Precisamente, Pérez denunció a través de las redes sociales «un relato entorno al Puerto y no querían reconocer su error» con «graves acusaciones» durante la campaña de las municipales.

La obra de ampliación se licitó y adjudicó en 499 millones de euros. Posteriormente, en 2007, se aprobó un modificado que elevaba en 216 millones el presupuesto y ampliaba en 22 meses el plazo de ejecución previamente fijado en 46 meses. En 2012, se liquidó la obra en 708,7 millones, incluyendo sobrecostes y actualización de precios. Todas las cifras sin incluir el IVA. Además, el fallo desbloquea la demanda de 350 millones que la UTE Dique Torres pide al Puerto. 

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