Ana González frenó primas por jubilación avaladas por Hacienda por dudas legales

Un informe de la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Gijón, emitido el pasado 29 de septiembre, ha avalado la decisión de la anterior alcaldesa, Ana González, de no abonar las primas por jubilación a 13 funcionarios que se retiraron en noviembre y diciembre de 2022, que suman en conjunto 122.997 euros, al considerar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide el pago de gratificaciones por jubilación a los empleados públicos. Aquella decisión la tomó Ana González en contra del criterio de la entonces concejala de Hacienda y Personal, Marina Pineda, una vez que los expedientes para el pago hubiesen sido tramitados por funcionarios del área.

El actual gobierno local no hace uso de este dinero en previsión de posibles demandas por parte de los afectados, algunos de los cuales ya se están asesorando con los sindicatos a tal fin. El asunto va más allá de las gratificaciones para estos 13 jubilados, ya que el informe de la Directora de Recursos Humanos considera que las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo respecto a este tipo de cuestiones desde marzo de 2018 impiden el pago de las gratificaciones cuando se jubilen a los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento, Patronato Deportivo y fundaciones de Cultura y Servicios Sociales, en conjunto unos 1.700 trabajadores.

Las primas establecidas en el Acuerdo Sobre Condiciones Comunes (convenio colectivo) de personal del Ayuntamiento y sus organismos autónomos aprobado el 2 de mayo de 2018, y que expiró el pasado 31 de diciembre, establecía el pago de tres mensualidades brutas a los trabajadores municipales al alcanzar la edad de jubilación. Unas condiciones que se firmaron pese a que en marzo de 2018 el Tribunal Supremo ya se había pronunciado en contra de esa medida, pero sin que a dicho convenio le pusiera nadie reparos. En 2022, un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) advertía de que el Tribunal Supremo estaba pronunciándose reiteradamente contra las gratificaciones por jubilación y recordaba que el Alto Tribunal ya se había pronunciado al respecto en su sentencia del 20 de marzo de 2018.

Así las cosas, el asunto se planteó al final de una reunión de la Junta de Gobierno del pasado mandato, en la que participan la Interventora y la Secretaria Municipal. Ana González trasladó el planteamiento de la FEMP al equipo de gobierno y a funcionarios responsables de la tramitación o supervisión de esos pagos.

Las primas de los trabajadores que se jubilaron hasta octubre del año pasado se pagaron, a través de expedientes realizados por funcionarios del área de Recursos Humanos y previo paso por Intervención y Secretaría Municipal antes de que los firmara la entonces Alcaldesa. Las gratificaciones a los que se jubilaron en noviembre y diciembre, en cambio, se tramitaron para su pago con cargo al presupuesto de 2023. Los expedientes siguieron los mismos pasos que los anteriores, pero Ana González se negó a firmar las resoluciones, en contra del criterio de la entonces concejala del área, Marina Pineda, que actualmente forma parte del grupo municipal del PSOE.

La exalcaldesa decidió no firmar al considerar que podía incurrir en responsabilidades de rubricado aquellas resoluciones tras la advertencia de la FEMP. Una negativa que se produjo cuando el Ayuntamiento ya había notificado a los 13 trabajadores que se habían jubilado en noviembre y diciembre que estaba autorizado y comprometido el gasto para abonarles las gratificaciones. Una comunicación que ahora puede servirles de base para reclamar judicialmente.

El informe emitido el pasado septiembre por la Directora de Recursos Humanos fue solicitado por los sindicatos en vista a que el actual gobierno local mantiene el criterio de la exalcaldesa y de que también está pendiente la negociación del próximo convenio colectivo. La previsible eliminación del mismo de las gratificaciones por jubilación, que también afectarán a los contratos relevo de personal laboral para las que también estaban establecidas, será un asunto que se pondrá sobre el tapete.

No parece que el actual gobierno local vaya a cambiar de opinión en vista al informe elaborado por la directora del área, que apoyándose en resoluciones del Tribunal Supremo entre 2010 y 2023 concluye dos cosas. Por un lado, que "no procede la tramitación de expedientes" en base a los artículos del convenio colectivo municipal de 2018 relativos a las gratificaciones por jubilación. Por otro, que se deben revisar de oficio las resoluciones emitidas sin los requisitos legales ya que "incurren en causa de nulidad de pleno derecho", en alusión a las que se notificaron en mayo a 13 jubilados de 2022 sin la firma de la Alcaldía.

El informe señala respecto a los expedientes para el abono de las primas por jubilación a esos 13 trabajadores que "en todos los expedientes relacionados, en relación a las resoluciones referidas, consta rechazo de la Alcaldía porque no lo permite la norma, habiéndose eliminado el documento contable por rechazo de Alcaldía a la firma de la Resolución aprobatoria del renocomiento de la obligación". El informe emitido por la responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento hace referencia a una sentencia del 23 de octubre de 2019 que señaló que el la prohibición establecida por el Real Decreto Ley 20/2012 sobre indemnizaciones compensatorias por jubilación no sólo afectaba a altos cargos, sino a todos los empleados públicos y que esa ley prevalecía frente a cualquier convenio colectivo o acuerdo regulador. Otras fuentes apuntan a que pese a las sentencias del Supremo, ha habido fallos de los juzgados de lo contencioso aceptando esas primas hasta que expirara el convenio colectivo en el que habían sido pactadas.

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