Que el modelo de participación de Gijón, ejemplo a nivel regional y nacional durante años, no da más de sí es una opinión compartida por todos los actores implicados. Este paulatino desgaste, iniciado en las postrimerías del gobierno de Carmen Moriyón y acelerado en el primer año y medio de mandato de Ana González, ha cristalizado en un enfrentamiento abierto entre las autoridades municipales y la inmensa mayoría de las asociaciones de los barrios y parroquias, especialmente las urbanas, que se encuentran bajo el paraguas de la Federación Vecinal (FAV), hasta el punto de que sus representantes se niegan desde hace tiempo a acudir a los consejos de distrito, fundamentales a priori para la articulación de estas políticas. Los críticos alegan que estos órganos se han convertido en foros informativos, más que deliberativos, y que apenas tienen capacidad para tomar decisiones. Es decir, que son meras correas de transmisión de hechos consumados. El PSOE convirtió su remodelación en piedra angular de la campaña electoral con la que consiguió su victoria electoral en mayo de 2019, paso previo a recuperar el poder de la mano de IU. Pero hasta ahora, no ha hecho ningún movimiento al respecto. La explosión de la pandemia parece justificación suficiente para que el gobierno local haya relegado la cuestión, pero no se entendería que dejara correr también todo 2021 sin tomar cartas en el asunto.

La participación en Gijón se vertebra, desde los tiempos de Paz Fernández Felgueroso, en torno a seis consejos de distritos donde tienen asiento no sólo el gobierno local, las fuerzas políticas y las asociaciones de vecinos sino también otros colectivos culturales, sociales y deportivos: zona Centro, zona Este, zona Oeste, zona Sur, El Llano y zona Rural. En cada uno de ellos, sus miembros debaten sobre las necesidades y preocupaciones de los barrios englobados y tienen potestad para proponer determinadas inversiones. Un margen de maniobra que, a juicio de los integrantes de la FAV, es muy escaso. Para el equipo de gobierno, sin embargo, el problema no es ese sino el método en sí, al entender que limita las opiniones a una serie de agrupaciones que no representan a todos los gijoneses y que carecen de legitimidad para promover determinadas ideas. De ahí que la propia Alcaldesa haya insistido en que es necesario caminar hacia un modelo más “individualizado”, aunque sin precisar cómo.

Hace unos días, las tres concejalas con competencias en la materia y varios dirigentes de la FAV mantuvieron un encuentro para bajar el tono del enfrentamiento y abrir cauces de diálogo, con notable éxito, a tenor de lo manifestado por ambas partes. Los líderes vecinales se comprometieron a regresar a los consejos de distrito a cambio de tomar parte en la elaboración del nuevo reglamento de participación, englobado en la llamada Agenda Urbana. Ese texto debe ser el marco donde diseñar una revitalizada participación y, cae de cajón, que su desarrollo debería contar con el mayor número posible de interlocutores. La voz de Gijón, ciudad propensa al debate, debe escucharse cuanto antes mediante procedimientos adaptados a los tiempos. Dilatar más el cambio sería incomprensible.