Níger revoca una ley que aprobó de la mano de la UE contra el tráfico de migrantes

La junta militar de Níger ha revocado una ley, aprobada hace ocho años, que criminalizaba el tráfico de personas y ha ordenado anular todas las condenas que se habían producido por su aplicación. Este texto, que se adoptó en el marco de un acuerdo con la Unión Europea (UE), fue un paso más en la estrategia europea de externalizar fronteras para frenar la llegada de personas migrantes procedentes de África. Las autoridades han expresado que esta ley fue votada "bajo la influencia de diferentes potencias extranjeras y tipificó como tráfico ilícito ciertas actividades que tenían carácter regular". La norma provocó una mayor tensión en la región y un mayor riesgo para las personas migrantes que querían cruzar el país.

En el momento que los militares dieron carpetazo a esta ley, criticaron que "se adoptó en flagrante contradicción con nuestras las comunitarias y no tuvo en cuenta los intereses del país", según el comunicado difundido por oficina nacional de prensa. Durante años, Níger ha sido uno de los socios europeos más importantes del Sahel. En 2016, por ejemplo, solo un año después de aplicar esta ley contra el tráfico de personas, recibió 610 millones de euros de la UE para frenar la migración. Esta complicidad quedó en punto muerto tras el golpe de Estado y detención del anterior presidente a finales de julio y se ha evidenciado después que la junta militar que tomó el poder dejara en papel mojado esta ley.

Relación con los Veintisiete

"Lamento mucho esta decisión y me preocupan mucho las consecuencias", ha manifestado esta semana Ylva Johansson, la comisaria europea de Interior. Además, ha defendido que esta ley ha provocado un "significante" descenso de la llegada de migrantes desde su aplicación en 2015, y teme que tras la derogación aumente el riesgo de más muertes en el desierto y de migrantes que intenten cruzar a Europa desde Libia.

Actualmente, la relación entre Níger y la UE es incierta, tras el golpe de estado, los militares cortaron los puentes con Francia acusándolos de haber creado mayor inseguridad en el país y exigieron que retiraran los militares desplazados. Una demanda que París finalmente aceptó a regañadientes y en octubre empezó a mandar de vuelta a casa a sus tropas. 

Este país del Sahel es clave en los movimientos migratorios, actúa de embudo para muchas de las personas que se desplazan de los países subsaharianos hacia la costa mediterránea. La ciudad de Agadez ha estado históricamente relacionada con todo lo que es movilidad. En el pasado era uno de los puntos de tránsito de las caravanas comerciales y un lugar de paso para los que viajaban. En el presente, se ha vuelto una parada obligada para las personas migrantes antes de intentar cruzar el Sáhara y dirigirse a Libia o Argelia. Esta ciudad acoge miles de migrantes que aguardan en la calle o en centros de acogida gestionados por organismos internacionales que están abarrotados y sobrepasan de mucho su límite de capacidad. 

Una ruta más peligrosa

"No creo que esta ley haya reducido la llegada de personas a Europa", relata a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, desde Níger Moctar Dan Yaye, de la organización Alarm Phone Sahara y señala que "ha vuelto más vulnerables a las personas migrantes y las ha invisibilizado". Explica que al criminalizar y perseguir a las personas que los transportaban, los migrantes han tenido que tomar más riesgos: buscar redes clandestinas y más peligrosas para hacer el trayecto hacia al norte, también a tomar rutas alternativas para rodear los núcleos de población, "lo que ha producido un mayor número de desaparecidos", señala. 

Esta ley también trastocó la vida en los diferentes pueblos y ciudades por dónde pasan las personas migrantes. "Ha provocado una mayor desolación en el tejido económico y social de esta región. La ley estaba hecha para impedir el tráfico ilícito de personas, pero en su aplicación ha impactado en la movilidad general. Los chóferes que estaban acostumbrados a hacer la ruta entre Agadez y la frontera libia o argelina y transportar a migrantes fueron detenidos y esto produjo que muchos se quedaran sin trabajo", explica Dan Yaye. 

Criminalizar la ayuda

Algo parecido pasó con las personas que tienen comercios y que, sobre todo, venden productos y comida a las personas migrantes o les alquilan habitaciones. Personas que no tenían relación con las redes criminales que trafican con personas y se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, que también existen en la región. Pero esta ley, los metió a todos en el mismo saco. Incluso criminalizó a los que ayudaban de manera desinteresada a los migrantes, o cuando se apoyaban entre ellos, según señala Isidore Ngueuleu, asesor de Derechos Humanos en la sección africana de la Organización Mundial Contra la Tortura.

"Desde hace años hemos trabajado para remarcar que esta ley ha favorecido la violación de los derechos humanos, a una criminalización de la migración y a detenciones arbitrarias", detalla Ngueuleu por teléfono. Explica que han pedido en muchas ocasiones la revisión parcial de esta ley, ya que había algunos otros aspectos que considera que eran positivos, como la no deportación de migrantes a sus países si corrían el riesgo de ser torturados. Una vez derogado este texto, lamenta que las autoridades del país no han propuesto ninguna ley alternativa. 

"Lo que podemos entender tras el comunicado que acompañó la derogación de la ley es que las autoridades quieren reutilizar la migración como actividad económica", apunta Ngueuleu, algo que considera "peligroso". Defiende que tendrían que diferenciar entre las actividades económicas lícitas relacionadas con el movimiento de personas y regularlas, como el transporte u hospedaje. Y, por otro lado, perseguir las redes ilícitas y mafiosas de tráfico, que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes.