La policía entra en las redes

"Vamos tarde", considera un mando de las Fuerzas de Seguridad experto en cibercrimen. Y no es –solo– una percepción subjetiva de la prisa política con la que, en materia de delincuencia online, ha llegado España a la presidencia del Consejo Europeo. Interior quiere aprovecharla para empujar a un acuerdo europeo para hacer más accesibles a policías, fiscales y jueces las comunicaciones a través de mensajería telefónica y redes sociales.

Las fuerzas de seguridad de la UE están encontrando dificultades en sus requisitorias para saber qué le ha dicho un delincuente a su víctima o a un cómplice a través de plataformas... si estas tienen su sede central fuera de Europa. "A esas empresas les reprochamos: ‘Muchos delitos se cometen en tu casa, pero cuando yo llamo a tu puerta no me abres’", explica un alto ejecutivo del equipo del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Pese a no citarlas, la alusión es directa a gigantes como Meta (matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram con sede en California), Alphabet (matriz de Google, también con sede en California) o Telegram (mensajería instantánea de origen ruso y ahora con sede en Dubái). Y esa reclamación contra la puerta cerrada, que resume todo el problema desde el punto de vista securitario, fue tema del último consejo JAI de ministros de Justicia e Interior, celebrado en Logroño el 20 y el 21 de julio, y lo será del que se celebre a finales de septiembre en Bruselas.

Entre tanto, el viernes entró en vigor en el territorio de la UE una nueva restricción a las redes sociales en virtud de la Ley de Servicios Digitales, que impondrá a las grandes plataformas la obligación de implicarse contra la desinformación y de explicar por qué sus algoritmos recomiendan ciertos contenidos a ciertos usuarios. Pero esa es otra batalla. De lo que hablan ahora los titulares de Interior no es de guerra híbrida y cognitiva sino de delito puro y duro. El que cometen, sobre todo, los agresores sexuales a través de internet.

Para promover la reforma legislativa, los ministerios del Interior europeos muestran la cara más oscura y sucia del cibercrimen: el grooming (engaño pederasta, en castellano, el que lleva a cabo un adulto para ganarse la confianza de un menor y agredirlo sexualmente). El ataque sexual a niños y niñas va en aumento. Una estimación del Consejo de Europa considera que un 20% de menores del continente se cruza con un agresor sexual en la red, tiene relatado la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson.

La eurocomisaria muestra además otra luz de alarma: un estudio de la Universidad de Swansea (Reino Unido) que desde 2016 asegura que un ciberagresor sexual tarda de media solo 18 minutos en captar la atención de un niño elegido como víctima.

En el programa de la Presidencia Europea 2023, en el capítulo dedicado a Interior, el Gobierno español incluye este compromiso: "La Presidencia avanzará en la negociación de los expedientes legislativos en marcha, como (…) el Reglamento de lucha contra el abuso sexual infantil online". En Logroño, Marlaska y sus homólogos hablaron de "un nuevo marco jurídico europeo sobre conservación y acceso a los datos de comunicaciones electrónicas", difundió Interior. El objetivo es "alcanzar el equilibrio entre la garantía de los derechos fundamentales y la necesidad de dotar a los cuerpos policiales de herramientas jurídicas y operativas para perseguir el delito en el marco de investigaciones en la lucha contra el crimen organizado, y en casos de tanta gravedad como el abuso sexual online", dijo el ministro en rueda de prensa posterior al consejo JAI.

Fuentes de Interior apuntan hacia una reforma técnica de las plataformas que podría exigirse por ley: "Nadie está poniendo en cuestión el cifrado de extremo a extremo. Se trata de que, como en cualquier otro caso de delito, existan herramientas jurídicas que permitan investigar", aseguran. Alude a casos como el de Amazon, que "ni ha contestado" a requerimientos policiales en Europa. En Logroño, Johansson lo matizó: "Hasta ahora colaboran. Lo hacen porque quieren y según la legislación norteamericana. Se trata de que lo hagan según una ley propia que se dé Europa".

Los ministros del Interior europeos esgrimen el grooming por la unánime indignación que levanta, el delito que menos reparos morales levanta en su persecución. Pero en el Parlamento Europeo no faltan las reticencias, ni quienes ven en peligro la privacidad de las comunicaciones. "En esta Cámara hay una muy enraizada sensibilidad por los derechos y la privacidad de los ciudadanos", admite el exministro socialista de Justicia Juan Fernando López Aguilar, presidente de la comisión LIBE, el foro de Libertades Civiles del Europarlamento.

La presidencia española de la Unión está apoyando los trabajos del Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a los Datos, que nació bajo la presidencia sueca. Ese grupo sienta a expertos policiales, juristas, representantes del sector tecnológico, de las agencias de protección de datos y de la universidad.

Se espera que sus propuestas se debatan este otoño. Hay prisa: en enero llega la siguiente presidencia, el turno belga, con apenas tres meses de efectividad, pues en abril comenzará a mirar la Eurocámara a las próximas elecciones europeas y no se espera gran actividad legislativa. Y después, en julio del 24, llega la presidencia de la euroescéptica Hungría.

López Aguilar matiza el clamor policial: "Es lógico que se quejen por lo vertiginoso con que avanzan, de manera que cuando está aprobada una nueva regulación, ya hay que revisarla porque en ese tiempo ha habido avances significativos en la tecnología". En general, la actual composición del Parlamento Europeo se inclina por poner cotos a la intervención policial: la retención de datos por autoridades en la UE no puede ser ni indiscriminada, ni discrecional, ni en masa. Esas son las líneas rojas.

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