Ha sido un tema recurrente y, tras años de avisar de que viene el lobo, ya está a nuestras puertas: el Gobierno reconoció, en el plan presupuestario para 2017 enviado a Bruselas, que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (o hucha de las pensiones) entrará en negativo en diciembre del año próximo. Así que las preguntas son: ¿cómo se ha llegado hasta aquí? y, a partir de ahora, ¿qué?
La caída ha sido vertiginosa. En 2011, dicho Fondo de Reserva llegó a su nivel máximo, tras acumular casi 67.000 millones de euros; seis años después, se prevé un desfase de 3.000 millones. Las causas son claras: el sistema ha dejado de ser sostenible porque el número de jubilados crece rápidamente (y lo hará más cuando se jubile la cohorte más numerosa, nacida entre 1960 y 1975). Además, muchos de los jubilados durante los últimos años perciben prestaciones elevadas y claramente superiores a la media actual (906 euros al mes, frente a los 680 de 2007)... que deben ser pagadas con los sueldos de unos cotizantes, los actuales, que han tendido a caer o estancarse. Por último, al diseñarse el sistema se partió de la expectativa de que el retirado cobraría su pensión durante un máximo de 10 años; actualmente, un jubilado tiene la perspectiva de cobrar dicha prestación durante 20, 25 o más años.
Una solución a corto plazo (propuesta por organismos como la AIREF o Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) sería la de sufragar el pago de las pensiones no contributivas (viudedad y orfandad) con impuestos. A largo plazo, se estudian opciones como alargar la edad de jubilación o, incluso, ajustar a la baja las pensiones máximas mientras se suprimen, progresivamente, las prestaciones de viudedad (pensadas para mujeres que nunca o casi nunca pudieron permanecer en el mercado laboral). Así que, si hay Gobierno, sí que parece que vendrán curvas con este asunto.