Fakejóo y el Consejo General del Poder Judicial

Parecía que por fin se acababa el sainete de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero siempre hay una excusa para incumplir el mandato constitucional, y ya llevamos así cuatro años. El asunto no es que quiera el PP mantener la actual composición del Consejo o influir en el nombramiento de jueces y magistrados, porque esa función está paralizada por la ley. Simple y llanamente es una estrategia para avivar la tensión con un Gobierno al que se ha deslegitimado desde antes de su nacimiento. Feijóo prometía cambiar ese rumbo, asegurando que podía alcanzar acuerdos de Estado, pero pronto se impuso la tesis de que no se puede pactar con el enemigo de España. El líder del PP se ha convertido en Fakejóo, un dirigente nada fiable, al que cualquier argumento le vale con tal de que no le muevan la silla.

Arreglar este desaguisado es difícil cuando se ha personalizado tanto y se ha emplazado en un ámbito de decisión ajeno a la Constitución. La competencia para designar a los veinte vocales del CGPJ corresponde al Congreso de los Diputados y al Senado, no al presidente del Gobierno y al líder de la oposición. En una democracia de partidos es lógico que haya una negociación entre éstos y los demás grupos para presentar una propuesta que sea examinada y, en su caso, avalada por una y otra cámara legislativa. Sin embargo, cuando falla la política de acuerdos –da igual quiénes sean los culpables– debe imponerse la mecánica institucional. Que se sepa, ni la presidenta del Congreso ni el presidente del Senado han impulsado el proceso de renovación del Consejo. Se han limitado a que les sirvan el acuerdo en bandeja y, ante su ausencia, nada han hecho para poner remedio a tan prolongada interinidad.

Por otra parte, según el artículo 56 de la Constitución, es función del Rey arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. El monarca no ejerce poder político, pero sí autoridad. No puede interferir en negociaciones políticas, pero sí debe arbitrar y moderar las instituciones cuando, como ahora, es evidente el colapso del CGPJ, cuya parálisis está afectado gravemente al funcionamiento del Poder Judicial. Sorprende la pasividad del Rey como jefe del Estado en un asunto tan grave que ha trascendido más allá de nuestras fronteras. Su intervención no debería ser hablar con el presidente del Gobierno y con el líder de la oposición, porque eso sería perpetuar la patología de considerar que la decisión sobre el nombramiento CGPJ recae en ellos dos. El Rey tendría que llamar a consultas a la presidenta del Congreso y al del Senado e instarles a que las cámaras ejerzan sin más dilación su competencia.

Lo adecuado sería abrir de inmediato un plazo para que los grupos parlamentarios presenten candidaturas de juristas de reconocida competencia y de entre ellos elegir cuatro el Congreso y cuatro el Senado. Las candidaturas de los vocales de origen judicial ya las han presentado hace tiempo los propios jueces, y cada cámara debe elegir a seis, con la condición legal de que, de los doce, tres sean magistrados del Tribunal Supremo, tres Magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera judicial y seis jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Para el futuro habría que introducir una cláusula, según la cual, de no alcanzarse la mayoría requerida, se entendería obtenida mediante el sorteo entre los candidatos presentados. Sin necesidad de una reforma constitucional, sería muy efectiva una disposición reglamentaria que estableciese la reducción al salario mínimo de los emolumentos mensuales cobrados por diputados y senadores, mientras no se apruebe la renovación del Consejo o del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, dada la urgencia del momento, lo mejor sería que las presidencias de Congreso y Senado sometiesen a votación los nombres de los candidatos sobre los que ya había recaído acuerdo hace unos días y que fue roto de manera intempestiva por Feijóo. Sería interesante ver si en sede parlamentaria los diputados y senadores del PP se atreven a votar en contra y desairar la intervención institucional del Rey, al que tanto dicen respetar y proteger.

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