Cuando la Administración se contrata a sí misma

Los españoles estamos de acuerdo en pocas cosas y una es la tremenda burocracia que sufrimos. Parece que también la sufren los políticos. "La gran amenaza para que la política sea útil es la burocracia", afirmó con rotundidad el presidente del Principado de Asturias en rueda prensa el jueves pasado. La guerra a la burocracia es un objetivo que los políticos del Principado se han marcado en su legislatura. Y donde la burocracia alcanza su máxima expresión, esplendor y delirio es en las licitaciones públicas. Les relataré dos casos recientes donde hay suspense, lucha, heridos y algún momento heroico. Seré su reportero de guerra –administrativa– gracias a la lectura atenta de los expedientes e informes que publica el Principado en su web. Cada vez más las Administraciones Públicas (AAPP) tienen la obligación de publicar sus actuaciones, sujetas a las leyes de transparencia.

Hace unos días la patronal asturiana de la construcción (CAC-Asprocon) denunció que el Principado adjudica sus obras a empresas públicas, en vez de licitarlas para que concurran libremente las empresas privadas. La paradoja de la Administración contratándose a sí misma. Ponen como ejemplo una obra que se adjudicó a TRAGSA (grupo estatal de construcción civil e infraestructuras agrarias) por el doble del importe inicialmente licitado. Esto es la sorprendente punta del iceberg. Descubramos ahora lo que hay por debajo. Comencemos.

La Consejería de Cultura licita por 625.000 euros (sin IVA), en junio de 2021, la construcción de un edificio para la banda de música de Candás. Se presentan 5 empresas y, tras varios meses de trámites administrativos para valorar las ofertas, se elige la empresa ganadora que ha ofertado 567.000 euros. La firma del contrato se produce en noviembre de 2021, 6 meses después del inicio de la licitación. Como ven, la contratación ha sido muy lenta pero, lamentablemente, es lo que suelen tardar las AAPP. La empresa ganadora pide una revisión del precio al alza, comprensible por el tiempo transcurrido en un entorno de alta inflación, pero la Consejería no lo aprueba, el contrato firmado estipula que "el precio no será revisado" y da por concluida la contratación "tras diversas vicisitudes", en agosto de 2022. Ha transcurrido más de un año y volvemos a la casilla de salida.

La Consejería de Cultura, en vez de promover nuevamente la licitación, en septiembre encarga la obra a la sociedad pública TRAGSA alegando que "es la opción más eficiente, sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica" por un importe de 1,2 millones de euros. Esto es más del doble de los 567.000€ que ofertó anteriormente la empresa privada, ¿ven ustedes la rentabilidad económica por algún lado? Aquí entra en lid la Intervención General del Principado (IG). A los interventores me gusta llamarles la policía administrativa porque velan para que los funcionarios no cometan irregularidades o fraudes. La IG emite un informe de reparo que se resume en "la obra no entra dentro del objeto social de TRAGSA, no reúne el requisito de urgencia y el presupuesto no coincide con el cuadro de tarifas de TRAGSA vigente". El Gobierno del Principado desoye a la IG –no exponen los motivos– y autoriza la obra a TRAGSA. Eso sí, tienen que arreglar el presupuesto con la tarifa correcta, resultando un presupuesto menor. Por tanto, la IG ha conseguido ahorrar algo de nuestro preciado dinero –el momento heroico– pero perdió esta batalla administrativa. Fue herida pero sobrevive sin secuelas.

¿Es un caso único? No, les resumo otro similar. El Servicio de Emergencias del Principado, en junio de 2022, encarga a TRAGSA las obras de conservación y mantenimiento del Parque de Bomberos de Mieres, Llanes y Cangas de Narcea, por 1 millón de euros aproximadamente. La IG vuelve a oponerse y hace otro informe de reparo, con muchos argumentos legales, afirmando que "no es admisible que una sociedad estatal con la denominación y funciones que legalmente se han atribuido a TRAGSA, pueda ejecutar todo tipo de obras en zonas urbanas, actuando de facto como empresa constructora en claro detrimento de la concurrencia". Por tanto, la Intervención deja claro que encargar obras a empresas públicas –a dedazo, sin licitación– vulnera los derechos de las empresas privadas a poder participar. Mismo argumentario que ha denunciado la patronal de la construcción. El Gobierno desoye otra vez a la Intervención y autoriza las obras a TRAGSA.

Con una perspectiva general, el Principado ha encargado 28 grandes contratos al grupo estatal TRAGSA en 2022, que suman 98 millones de euros. Uno muy curioso lo encargó la Consejería de Cultura en marzo por 92.000 euros para "traducciones al asturiano de actas, formularios, informes, documentos, etc". Es sorprendente que TRAGSA, cuyas funciones son "actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural…", se dedique también a la traducción en asturiano. ¿No hay empresas o instituciones en Asturias más especializadas y capaces? ¿No se podía licitar para que los empresarios participen en igualdad y compitan libremente?

Entiendo que el Principado quiera realizar proyectos y servicios para mejorar la sociedad sin eternizarse meses o años. Reconozco el trabajo fundamental que hacen los interventores para controlar a las AAPP y corregir ilegalidades. Comprendo que el sector privado quiera participar en las obras públicas y que no se vulneren sus derechos. No hay soluciones fáciles a problemas complejos. El remedio no es declarar obras como urgentes y contratarlo vía directa a una sociedad pública que, como hemos visto, encima es más caro. Al final, en esta guerra administrativa sin cuartel nadie gana y todos perdemos.

Decía el presidente Adrián Barbón que la burocracia amenaza a la política útil. Habría que recordarle que es el máximo responsable de esa burocracia y su equipo tiene el poder para hacer las reformas necesarias. Es un reto difícil que hay que acometer por el bien común. Sin embargo, cada cuatro años hay elecciones y siempre parecen demasiado cercanas para las reformas de calado. Mientras tanto seguiremos sufriendo a la burocracia en silencio, como aquel conocido anuncio de hemorroides.

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