Compra de votos, delito estratégico

No hemos salido del odioso racismo y ya tenemos como colofón de la larga campaña –una auténtica carrera de despropósitos– las tramas de la compra de votos por correo.

Ante la indudable gravedad de un quebrantamiento electoral, asoma de forma inmediata la preocupación: ¿en qué medida una cantidad suficiente de votos pudiera desnivelar sigilosamente el resultado de las elecciones, afectando a la credibilidad del sistema?

Sin que se haya aclarado de forma exhaustiva el alcance real del fraude, cabe pensar que casos tan atípicos y excepcionales, como los que se van conociendo, están destinados a alterar artificialmente la voluntad de los votantes.

La confianza del ciudadano en la limpieza del proceso electoral y en la fiabilidad del recuento de las papeletas es la piedra angular del sistema democrático.

En este caso, estaríamos ante un fraude susceptible de ser considerado un delito estratégico, al que los sucesivos gobiernos de la democracia, por falta de voluntad política, no han puesto coto. Y eso que lo tenían fácil; habría bastado con que se introdujera una pequeña modificación en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), obligando al votante por correo a volver a identificarse al entregar el sobre.

Ya avisó el Tribunal Supremo en 2021 –sin que nadie lo tomara en consideración– de las lagunas de este sistema para votar, "fácilmente manipulable", señalando que el procedimiento legal allana la alteración del signo del voto.

Se debe llegar hasta las últimas consecuencias y depurar responsabilidades. Un Estado serio no puede permitirse la más mínima duda al respecto

La sombra del fraude con el voto postal (dinero a cambio de votos, carteros con escolta policial tras robos de papeletas, vigilancia en puerto y aeropuerto, solicitudes de voto por correo disparadas) es un viejo fantasma que recorre Melilla de forma habitual en sus citas con las urnas.

La plaza de soberanía (83.000 habitantes) lleva cinco comicios seguidos siendo la ciudad de España con mayor porcentaje de voto por correo. Un posible nuevo fraude amenazaría al 21% del censo, 10.727 personas. La media nacional se sitúa en el 3%.

El fraude en la modalidad de voto epistolar, con visos de problema estructural, es algo muy antiguo. En esta ocasión, con la vista puesta en las elecciones del 28-M, el objetivo habría sido reunir unos miles de votos fraudulentos entre personas, a menudo familias enteras, con doble residencia: domicilio oficial en Melilla y vivienda en Marruecos.

La intención de los implicados: manipular el resultado, sirviéndose de un agujero en la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) que exige a los ciudadanos acreditar su identidad cuando solicitan las papeletas y cuando las reciben en su domicilio, pero no cuando las depositan en Correos.

La balbuciente normativa permite que una persona pueda entregar el voto de otra para, verbigracia, asegurarse la mayoría absoluta en la Asamblea de Melilla (25 miembros) o arrebatar la Alcaldía a otra formación, cuando estuviera pendiente la reforma del Plan General de Ordenación Urbana.

Esta práctica recurrente pivota sobre el voto inmigrante de bajo poder adquisitivo, que vende su sufragio mediante el pago entre 50 y 200 euros y la promesa de empleo a cambio de votos. En esta ocasión, cabe ponderar la diligente actuación de la Delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, con la que ha salido beneficiado el Estado de Derecho.

Pero, de nuevo, leyes inconclusas y defectivas, pendientes de remiendo cuarenta años después, transigen en el apareamiento con redes piramidales, lideradas por políticos que subcontratan la compra de votos a mediadores que, a su vez, encargarían a delincuentes comunes el contacto directo con vecinos, principalmente jóvenes y familias vulnerables.

Ante esta nueva anomalía democrática, las preguntas se agolpan: ¿por qué una persona quiere votar por correo? La compra de votos ¿a qué partido van? ¿quién está detrás? ¿qué gobierno o partido lo ha sugerido? ¿cuál es la finalidad? ¿intentarán hacer esto mismo a nivel nacional? Si no hay garantías ¿por qué no se prohíbe el voto por correo en toda España? ¿deberíamos exigir que se anulen?, ¿se ilegalizará a un partido político, con dudoso currículo electoral?

Por cierto ¿alguien se imagina a los españoles votando en las elecciones de Gibraltar?

Para comprar los votos «se necesita mucho dinero». Una de las líneas de la investigación permanece atenta al rastro de un posible impulso foráneo

En cuanto a la pista de la compra de votos, se trata de averiguar el origen del peculio con el que, supuestamente, se estarían comprando los votos ya que, para ello "se necesita mucho dinero".

Una de las líneas de la investigación –que aún sigue abierta– permanece atenta al rastro de un posible impulso foráneo. Hasta la fecha, no se ha encontrado rastro alguno que apunte al vecino del Sur. Si se llegara a confirmar lo que ahora no deja de ser más que una cavilación –quién podría andar detrás de la maniobra– estaríamos ante un caso de injerencia de un tercero en la política nacional.

En "La sombra del ciprés es alargada", una novela sobre el amor y la esperanza, Miguel Delibes se vale de la teoría del desasimiento, para mostrar la vulnerabilidad perpetua del ser humano, convertido en víctima de su propia circunstancia.

El alma fina y cortante del protagonista no acoge, sino que divide y distancia al individuo de sí mismo, de sus apetencias íntimas. Algo así ocurre con la sombra trágica y pesimista del vecino, con quien conviene mantener un statu quo pacífico, inteligente y sin cesiones desproporcionadas.

Pero lo que nadie pone en cuestión es que, tras el esclarecimiento exhaustivo de lo sucedido, se debe llegar hasta las últimas consecuencias y depurar responsabilidades. Un Estado serio no puede permitirse la más mínima duda al respecto y las anomalías deben combatirse con firmeza, sin buenismos que valgan.

Después de este sinuoso final, la credibilidad del voto por correo se resentirá y la manera de recuperar el crédito debería consistir en asumir la gravedad de los hechos y dar las explicaciones oportunas, detallando los pormenores de los casos que se van sucediendo.

En cuanto a las decisiones a tomar, sería sensato anular los votos por correo en las ciudades implicadas en fraude. A renglón seguido, enmendar la LOREG para cambiar el sistema de voto postal en toda España. No tiene sentido que se deba votar personalmente en las urnas y que, por correo, alguien pueda llevar 50 votos de otros.

El llamamiento a la calma es, cándidamente, apaciguamiento y el silencio táctico aplicado en la ineludible explicación, se asemeja a esa clase de parálisis que presagia un hundimiento. Queda poco para "aportar luz a este túnel donde se manipula el VAR y se compran los votos" y confirmar lo que no deja de ser un presentimiento.

En cualquier país, sembrar dudas sobre el sistema electoral tiene consecuencias. Que se lo pregunten a la Fox Corporation, obligada por la justicia norteamericana a pagar 717 millones de dólares, por haber difamado a la empresa de recuento de votos, Dominion Voting Systems, acusándola de falsear los resultados de las últimas elecciones presidenciales.

El abogado de la compañía demandante, si bien insatisfecho por la escasa cuantía de la sanción, dijo: "La verdad importa, las mentiras tienen consecuencias".