Fin de la excepcionalidad

Con el resultado electoral de 28 de mayo, se configura en España un espacio autonómico donde tres quintos de la población tendrá gobiernos en minoría o con algún tipo de pacto, y se produce un giro conservador que ha provocado el adelanto electoral del 23J. Es difícil saber aun si habrá una "nueva gestión pública", pero los "próximos pasos" van a estar centrados en la gestión en un contexto de mayor normalidad.

La autoridad regional de Île de France, que agrupa a más de doce millones de personas de la metrópoli de Paris, tiene un presupuesto anual de cinco mil millones. Mil millones menos que una comunidad de un millón de habitantes como Asturias. Más allá de los poderes legislativos, este dato nos hace conscientes de la potencia y trascendencia de nuestra estructura federal.

La agenda autonómica para esta legislatura estará aún condicionada, por una parte, por la tensión a la que se vio sometido el sistema sanitario por la pandemia, por la interrupción de la actividad económica y por las consecuencias de la guerra de Ucrania, fundamentalmente en los precios de la energía y la inflación. Ambas circunstancias provocaron una excepcional intervención pública, una respuesta diferente a la crisis de la década anterior, en la que los países centrales aseguraban la confianza de su electorado con políticas de consolidación fiscal, paralelamente con un desgaste de las opciones políticas tradicionales en los países meridionales, que sufrió la pérdida de confianza en el sistema. Un tiempo en el que, además, existió el típico desplazamiento vertical del poder desde lo local a lo nacional y desde el legislativo al ejecutivo. Una etapa en la que se fue desinflamando la pulsión y el conflicto territorial vivido en los años anteriores.

Esta excepcionalidad toca a su fin: los sistemas de protección social deben recuperarse y perfeccionarse y habrán de hacerlo fuera del marco expansivo que hemos vivido. Los gobiernos deben centrarse ahora en la gestión.

Permanece sin abordar, por la dificultad de alcanzar un acuerdo, la reforma del sistema de financiación autonómica, y el debate y acciones en torno a la armonización fiscal y los instrumentos de unidad de mercado, y algunas orientaciones necesarias en cuanto a la vertebración territorial del país, para que el ejercicio de reclamar sea sustituido por el de una verdadera cohesión y especialización regional. La competencia en política de vivienda pondrá a prueba también la capacidad de la administración autonómica por abordar este complejo problema. Y sigue y debería seguir estando en la agenda, la lucha contra la violencia de género y por las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.

Los territorios seguirán teniendo un protagonismo esencial en la agenda para la recuperación económica, en la materialización de proyectos de los Fondos Next Generation, y en la contribución al empleo y crecimiento del país. La competencia e intensidad por los usos del suelo se agudizará en los próximos años: estrés hídrico, instalación de renovables y actividad turística, protagonizarán los debates en torno a la sostenibilidad de gran parte de nuestros espacios, amenazada por una polarización demográfica que reclama un nuevo contrato territorial, que establezca el papel de unos y otros, evitando la sensación y la instrumentalización ajena, de un sentimiento de perdedores frente a ganadores. La continúa concentración de actividad y población en determinados territorios no esconde la persistencia de una importante desigualdad territorial, y nuestro diferencial con Europa: sólo tres regiones españolas se sitúan por encima de la media en el índice de competitividad de la UE. Y para afrontar todos estos retos, se necesitará una modernización de los sistemas de gestión y, sobre todo, una gobernanza de mayor cooperación y planificación. Una cuestión difícil en un nivel administrativo tan tensionado por la gestión que aún tiene por desarrollar instrumentos de cooperación entre regiones en competencias que le son exclusivas. Es la hora de la gestión.

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