¿Amnistía?

Siguiendo un trámite que deja a su paso unas cuantas anomalías, está previsto que la ley de amnistía sea votada el jueves por segunda vez en el pleno del Congreso, tras la incorporación de varias enmiendas, y que resulte aprobada con el voto favorable de una exigua mayoría. El Gobierno y los partidos independentistas catalanes se dan por satisfechos con el acuerdo alcanzado. La polémica, sin embargo, no cesa. Se mantiene la incertidumbre sobre la aplicación de la ley por los jueces y el número de agraciados estimado por las partes es muy dispar. El asunto es grave, porque la gestión de la medida podría elevar más todavía la tensión entre los poderes del Estado.

La deriva tomada por la política española en la última década, que aún no sabemos realmente a dónde nos conduce, ha impedido un debate razonable y sereno. El resultado de las elecciones generales, tergiversado en general por los grupos políticos a su antojo, abocó al monumental enredo en que estamos. Junts, consciente de que sus votos eran decisivos para la investidura, puso condiciones, entre las cuales estaba la amnistía, y el PSOE no dudó en aceptar el chantaje. La amnistía y la investidura son cosas distintas, y por tanto deberían tratarse por separado, pero la confusión entre ambas se ha propagado y la vida política acusa las consecuencias. Los partidarios del Gobierno ven comprometida su posición respecto a la amnistía. Muchos, casi la mitad, la aceptan con tal de evitar que les gobierne la derecha. Y los votantes del PP y VOX esgrimen su oposición a la amnistía para arremeter contra el Gobierno. En medio de este embrollo, el sentido propio de una amnistía se pierde de vista.

Para justificar sus respectivas posiciones ante la cuestión, los partidos han tenido que hacer una manipulación burda de sus argumentos. En una democracia, la amnistía es una decisión tan excepcional que la única finalidad que autorizaría su concesión es facilitar la convivencia política. En nuestro caso, habrá que aclarar además si es constitucional. La mayor dificultad a la hora de adoptar la decisión estriba en que se trata de anular los delitos nada leves cometidos por dirigentes políticos que sabían bien lo que hacían, las implicaciones de todo tipo que tenían sus actos, que desobedecieron de forma deliberada a las instituciones del Estado, y que no dejan de insistir en que podrían repetir aquellas acciones, según se presenten las circunstancias. Por lo demás, es inevitable considerar aparte la larga lista de agravios que los nacionalistas catalanes han infligido a la moral democrática de nuestro sistema constitucional durante el periodo al que se pretende extender la amnistía.

El Gobierno, ufano, ha celebrado el voto favorable de Junts al dictamen de la comisión de Justicia en aras del reencuentro, a la vez que se ha mostrado seguro de completar la legislatura. Pero los portavoces de los independentistas catalanes han reaccionado al instante recordándole que la amnistía es solo la primera condición para negociar las restantes. En su agenda figura a continuación el pacto fiscal, antes de poner a este proceso de paulatino vaciamiento del Estado en Cataluña el broche de oro del referéndum de autodeterminación. Por otro lado, el PP, VOX y organizaciones de la sociedad civil convocan nuevas manifestaciones en la calle. La amnistía ha ahondado la división política de la polarizada sociedad española. Esta división ha llegado a tal punto que hemos acabado por convertir a Europa en la caja de resonancia de los problemas domésticos que somos incapaces de resolver por nosotros mismos.

Por parte de los nacionalistas catalanes responsables de los desmanes para los que se propone la amnistía no hay gesto de contrición, ni actitud conciliadora, ni compromiso de respetar la Constitución. La mayoría de los catalanes declara que está conforme con la medida de gracia, pero la tramitación de la ley está provocando otra fisura grande entre los españoles. A los nacionalistas catalanes no se les pide que dejen de serlo. La Constitución ampara su derecho a discrepar, plantear demandas y reformar la Constitución misma. Pero es lícito y oportuno exigirles una promesa de respetar la Constitución sin vuelta de hoja. La ley de amnistía debería ser el resultado final de un procedimiento legislativo escrupuloso, alumbrado por una actitud conciliadora de todas las partes y un acuerdo político mayoritario de la sociedad española. Aunque el problema catalán va para largo, entonces sí, la amnistía podría contribuir a su acomodo institucional, un diálogo sincero y una convivencia constructiva. Pero los partidos han optado por anteponer sus intereses partidistas, valga la redundancia, y esta amnistía nace torcida.

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