La propiedad pide retrasar hasta octubre el derribo de la ampliación ilegal del Kaype
Carrera y Pérez, S. L., cifra el coste de la demolición en 1,1 millones y destaca la dificultad para ejecutarla en verano, porque el hotel está junto a la playa
Los dueños del hotel Kaype han entregado al Ayuntamiento de Llanes el proyecto de demolición de la ampliación del edificio declarada ilegal por los tribunales de justicia. Carrera y Pérez S. L., cuyo principal accionista es el empresario astur-mexicano Juan Antonio Pérez Simón, cifra el coste de la demolición en más de 1,1 millones de euros y reclama que el derribo se retrase hasta el próximo mes de octubre, por la dificultad que, a su juicio, supondría ejecutar las obras durante el verano, dado que el edificio está situado en primera línea de la playa de Barru, una de las más concurridas del concejo.
El equipo de gobierno local, que integran Foro, Vecinos x Llanes, PP e IU, una vez más, ha evitado tomar una decisión en torno a este asunto y ha preferido remitir el proyecto de demolición al Juzgado. "Serán los jueces quienes digan cómo debemos hacer las cosas", señaló ayer el alcalde, Enrique Riestra. "Nosotros no vamos a hacer elucubraciones", añadió el regidor, que confía en que el Juzgado "no tarde mucho en pronunciarse".
La petición de la propiedad del Kaype para retrasar hasta octubre la demolición choca con el calendario establecido por Pilar Martínez Ceyanes, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo, que ordenó la demolición de todo lo construido gracias a dos licencias municipales declaradas ilegales. Siguiendo el calendario marcado por la juez, el derribo, que afectaría tanto a la ampliación del actual hotel como a un edificio de nueva planta, debería ejecutarse antes de un mes.
La demolición de la zona ilegal del Kaype está ya solo pendiente de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al recurso de imposibilidad de ejecución presentado por el cuatripartito llanisco, que esgrimió el elevado coste económico que supondría para las arcas municipales una hipotética indemnización a la propiedad por daños y perjuicios. Carrera y Pérez ya ha cifrado los daños y perjuicios en 15,6 millones.
"No vamos a entrar a valorar si el coste del derribo y la indemnización que piden es mucho o poco", señaló el alcalde llanisco. "Los frentes están abierto y hay que ser cautos. Por nuestra parte hay total transparencia en relación al caso Kaype. El expediente está a disposición de todos los ciudadanos", añadió Riestra.
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