Los ataques del lobo protagonizaron el debate que los ganaderos de Ponga mantuvieron ayer con el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández, en San Xuan de Beleño. El encuentro fue novedoso por dos motivos: hasta ahora el viceconsejero mantenía reuniones con los alcaldes, pero ayer fue la primera vez en la que, además de la regidora Marta Alonso, participaban representantes del sector. En segundo lugar, Fernández anunció cambios en el reglamento de daños para el próximo trimestre, que incluyen la actualización de baremos en el pago de indemnizaciones. A su juicio, los procesos administrativos deben ser más rigurosos para evitar la "picaresca" y puso como ejemplo a quienes se dedican a comprar ganado ovino y caprino no nacido en la explotación para lucrarse con el cobro de subvenciones.

El responsable de Medio Ambiente adelantó que la Conserjería incluirá en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) la constitución de un grupo formado por entre 18 y 20 guardas del medio rural más especializados en el tema del lobo.

Fernández aseguró ser consciente de que la presencia de cánidos se ha hecho "insoportable" para el sostenimiento de cabañas ganaderas pero matizó que "oficialmente el número de daños no ha aumen tado en los últimos años". Esto se debe, según su versión, a que muchos propietarios "han perdido la fe en las instituciones y están tan cansados de registrar tantos daños y tan frecuentemente que ya no dan parte" . El viceconsejero animó a los ganaderos a denunciar siempre ante las autoridades competentes todos los daños que sufran sus animales por parte de la fauna salvaje.

El problema, según relataron los asistentes a la reunión, es que mucho ganado que es blanco de los lobos no figura como tal al no encontrarse su cadáver o producirse la muerte por despeñamiento. Los profesionales del sector hicieron ayer hincapié en la necesidad de aumentar el número de batidas en la zona. En este sentido, Fernández apuntó que la administración tiene que actuar dentro de la normativa vigente establecida por decreto en 2015. "Nos comprometemos a cumplir los cupos establecidos en el plan del lobo. Se trata de una ordenación lógica de daños, no de exterminar la especie", dijo.

Las quejas de los ganaderos ponguetos se centraron en el poco valor que perciben por los animales fallecidos en las fauces de los cánidos, especialmente cuando no son de raza autóctona. Alguno lamentó además que no se reconociera como tal la parda de montaña. Entre los asistentes a la reunión, en la que participó el jefe del Servicio de Caza y Pesca del Principado, Orencio Hernández, se encontraba el presidente de la junta ganadera de Cazu, Joaquín Martínez.

El presidente pongueto lamentó que los cazadores particulares sólo puedan abatir cánidos en cacerías muy específicas y con permiso previo. "Es mejor asegurarse y disparar cuando encuentras uno porque lo que pasa es que luego acaban encargando a los guardas la tarea y el día que van a lo mejor ni los encuentran o se pasan para terrenos colindantes y ya no pueden hacer nada", dijo. Martínez asegura que desde el pasado agosto ya ha sufrido siete bajas en su cabaña: dos terneros y cinco novillas. "En esta zona hace tres años no pasaban estas cosas. No sé de dónde vienen los lobos pero así no podemos seguir, es trabajar a fondo perdido", defendió.

Varios ganaderos de Amieva y Ponga se concentraron ya el miércoles en Santillán para protestar por el incremento de daños a sus cabañas por parte de la fauna salvaje y exigiendo medidas para controlarla. Al encuentro acudió el diputado del PP Luis Venta, quien abogó por eliminar la mitad de la población de lobos en la región. El viceconsejero de Medio Ambiente constató en Ponga un importante crecimiento exponencial de la avispa asiática en la región. En este sentido, el Principado planea un nuevo sistema de trabajo con la empresa Serpa, basado en la intensificación de trampeo y de retirada de nidos a partir de la próxima primavera.