Ya era conocido por la Guardia Civil: estos son los antecedentes del agresor de Cangas de Onís

El joven de 28 años, de Alcorcón pero que se encontraba en Asturias por el Aquasella, se podría enfrentar a cuatro años de cárcel por atentado contra los agentes más lo que le imputasen por las lesiones causadas

VÍDEO: La difícil y arriesgada maniobra para reducir y tranquilizar el violento agresor de Cangas de Onís

Nuria M. Morán

Óscar-Rubén Morales Saucedo

El agresor de Cangas de Onís, que causó heridas a varios agentes de la Guardia Civil y derribó a uno de ellos antes patearle cuando ya estaba en el suelo, tienen antecedentes por hechos similares, tal y como había advertido Jucil, la asociación mayoritaria en la Benemérita. Según ha podido confirmar este diario a través de varias fuentes, al joven detenido y luego puesto en libertad con cargos por la magistrada de Cangas de Onís, de 28 años y vecino de la Comunidad de Madrid, le constan un delito de desobediencia y resistencia a las autoridades, y otro contra la salud pública.

El pasado domingo, un guardia civil resultó herido después de ser agredido brutalmente por este hombre en el brote violento que protagonizó, en el que también se enfrentó a otros compañeros del agente. El joven, que responde a las siglas J. L. P. D. C. y es vecino de Alcorcón, había acudido al famoso festival de música electrónica, el Aquasella. Al término del mismo comenzó a encontrarse mal y solicitó atención sanitaria alegando que se sentía "paranoico", pero cuando llegaron las asistencias en ambulancia se negó a recibir la ayuda y su actitud se volvió muy agresiva.

Tal y como aseguraron fuentes policiales, los agentes acudieron a la avenida de Covadonga tras haber sido alertados por la presencia de una persona en estado de gran alteración. Fueron en apoyo de la Policía Local de Cangas de Onís y de los servicios sanitarios. El hombre, un festivalero que no era la primera vez que acudía a este evento de música electrónica, se había atrincherado en la entrada de una entidad de ahorro y presentaba síntomas de intoxicación. Cuando llegó la Benemérita para tratar de tranquilizarlo, lejos de hacerlo empezó a golpearles. Estaba fuera de sí y en pleno "brote psicótico", aseguraron fuentes conocedoras de los hechos.

Tras un primer intento fallido de sujetarlo para inyectarle un tranquilizante, el joven volvió a arremeter contra los agentes cuando intentaban introducirlo en la ambulancia. No es la primera vez que comete un delito por su actitud con las autoridades, ya que, según fuentes policiales, este hombre tuvo otro incidente del mismo estilo en el año 2015, aunque tipificado como de desobediencia y resistencia. Igualmente, le consta un año después un delito contra la salud pública, tipo que suele estar asociado a materia de drogas.

En la agresión que tuvo lugar el pasado domingo, varios agentes sufrieron lesiones, y dos de ellos necesitaron atención hospitalaria. Uno de ellos recibió un puñetazo por parte del agresor, y después cayó al suelo golpeándose la cabeza. Una vez en el piso, el joven violento volvió a golpearle, esta vez mediante una patada que fue directa a la testa, como se ha podido ver en los vídeos que se grabaron. Fue trasladado al hospital del Oriente, en Arriondas, con un traumatismo craneal. Allí tuvo que recibir dos puntos de sutura cerca del ojo y otros diez puntos para cerrar la brecha que sufrió en la cabeza, según informaron desde la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil.

El agresor no quería ser sujetado, y tras intentar dialogar en un segundo intento con él, los agentes de la Benemérita trataron de inmovilizarle para llevarle a la ambulancia. Se revolvió, de nuevo, de forma violenta y hubo que reducirlo. Cuatro guardias civiles, con apoyo de cuatro policías locales, lograron, con mucho esfuerzo, retenerlo en el suelo para que una sanitaria pudiera ponerle una nueva inyección. Los gritos que profería el chico dejan bien claro el estado de suma alteración en el que se encontraba. "¡¿Qué pasa?! ¡Yo no he hecho nada! ¡Llamad a la policía!", exclamaba mientras era la propia autoridad a la que apelaba la que trataba de inmovilizarle. Sus palabras derivaron en insultos y exabruptos a medida que ejercían más presión sobre él para que se rindiese y dejase de oponer violenta resistencia. Cuando estaba reducido en el suelo, los servicios sanitarios le pusieron una inyección tranquilizante, lo que no hizo que cesaran las malas palabras hacia los agentes. Le arrestaron y trasladaron al hospital para ser atendido clínicamente y poder calmar su estado de agitación provocado, en principio, por las sustancias estupefacientes ingeridas.

Reacción de la Guardia Civil ante la decisión judicial

Tras ser dado de alta en el hospital, el agresor pasó a disposición judicial en la mañana del martes para declarar ante la magistrada de Cangas de Onís. La jueza decidió poner en libertad al agresor, algo que pilló por sorpresa en el seno de la Guardia Civil. Aunque "respetan y acatan la decisión, no la comparten", afirmaron desde Jucil. No entienden que no se haya atendido la petición de la Fiscalía, que solicitaba la prisión sin fianza hasta el momento del juicio. Jucil considera que la decisión adoptada por la jueza en la mañana del martes "difunde un mensaje inequívoco tanto para la sociedad como para quienes se aprestan a delinquir y sobre todo, para quienes actúan con violencia extrema". Se muestran indignados ante lo "fácil que es evadirse de las consecuencias que suponen este tipo de delitos y, sobre todo, de lo gratuito que resulta resistirse a la acción de la autoridad".

Además, denuncian que "este tipo de decisiones añade aún más incertidumbre en los protocolos de actuación de las autoridades frente a las actitudes violentas, ya que, como ocurre en este caso, el agresor no está en posesión de armas de fuego ni armas blancas, lo que hace que la respuesta judicial sea distinta al de los casos en que se responde a esos ataques armados". "El uso del cuerpo, y en este caso de los puños y la fuerza, actúan como elementos que "pueden resultar muy graves, incluso letales, para quienes tienen la misión de controlar su actuación violenta", concluyen desde Jucil.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias penales para el agresor?

A la espera del juicio, el agresor de Cangas de Onís se enfrenta a dos tipos de delitos: atentado contra la autoridad y lesiones. La Fiscalía solicitó su ingreso en prisión provisional al calificar lo sucedido, por ahora, como un delito de atentado agravado o cualificado, y siete delitos de lesiones, a valorar si son leves o menos graves.

El artículo 550 del Código Penal considera como atentado contra la autoridad "aquellas agresiones, intimidaciones graves, actos de violencia y oposición de resistencia ejercida contra la autoridad, sus agentes, funcionarios públicos, funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones de su cargo, o con ocasión de ellas". En este caso, el joven ejerció una extrema violencia contra los guardias civiles haciendo uso de su propio cuerpo. El artículo 551 del Código Penal matiza, en uno de sus puntos, que un atentado contra la autoridad cualificado o agravado será todo aquel "acto de violencia ejecutado que resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves". Según fuentes judiciales consultadas, si esto se demostrase, el joven podría enfrentarse a una pena de 2'5 a 4 años de prisión por este delito. Todo depende de si el juez o la jueza considera que la patada al agente en la cabeza mientras estaba en el suelo constituye un peligro para la vida.

El delito de lesiones, por su parte, viene recogido en el artículo 147 del Código Penal, definiéndolo como aquel en el que "empleando cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión que afectara a su integridad corporal o su salud física y mental", y que será castigado "con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera tratamiento médico o quirúrgico, además de una primera asistencia facultativa. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico". En el hecho ocurrido el pasado domingo, se tiene constancia de que varios agentes sufrieron lesiones, y dos de ellos necesitaron atención médica. A la espera aún de saber si el juzgado considera estas lesiones como leves o menos graves, el hombre se enfrentaría a una pena de "entre 2 y 5 años por cada delito de lesiones en caso de que se probara que las patadas que causaron dichas lesiones fueron 'concretamente peligrosas'", informan fuentes jurídicas consultadas. "De no considerarse así, la pena sería de 3 meses a 3 años", aclara. En cuanto a las lesiones leves, que podrían hacer referencia a las sufridas por el resto de agentes que no necesitaron atención médica, "no están penadas con prisión, únicamente con multas".

Además, según fuentes jurídicas, la puesta en libertad con cargos podría deberse a que la magistrada no ha visto delitos agravados en ninguno de los casos, al menos en esta primera fase incipiente del proceso. Por contra, el reo sí podría tener acceso al atenuante de estar bajo los efectos de algún estupefaciente.

En cualquier caso, el proceso debe avanzar y aún tiene mucho recorrido por delante. Y la Fiscalía no será el único actor al que se enfrente el acusado, pues los agentes heridos ya se están preparando para ejercer de acusación particular y la asociación Jucil para ejercer la acusación popular, al querer que se visibilice lo que ellos entienden que es una creciente minusvaloración del principio de autoridad de los agentes.

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