El área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo lleva casi año y medio agitando el árbol de la legalidad urbanística de los inmuebles el municipio y ya está empezando a recoger los primeros frutos. En este tiempo, Disciplina Urbanística ha detectado unos 70 casos de edificaciones en situación irregular que ahora están en proceso de legalizar su situación o enfrentarse a las sanciones correspondientes, que pasan, en muchos casos, por la demolición de las construcciones.
El concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo (Somos), explica que desde mediados de 2015 inició en su área una revisión global y constante de la legalidad de los inmuebles. Urbanismo puso a una funcionaria a trabajar específicamente en esta tarea de disciplina urbanística, en la que, asegura, se había producido un parón en la actualidad municipal desde el año 2005.
El plan para detectar construcciones irregulares se está desarrollando por distintas vías y a su despliegue ha contribuido de forma sustancial la revisión catastral. La colaboración entre administraciones ha permitido a Oviedo cotejar datos y descubrir discrepancias en volumetría o número de edificaciones en una parcela.
Además, la alarma en Urbanismo también salta cuando los propietarios acuden al Registro de la Propiedad para vender o alquilar un inmueble, al pagar determinadas tasas, procesos de inmatriculación o incluso recuperando expedientes antiguos.
Fernández del Páramo detalla que en el tiempo que lleva ocupando el área ya han aparecido expedientes que por alguna razón se habían traspapelado, alguno pendiente de tramitación desde hace doce años. En todo caso, la buena noticia para Urbanismo es que los delitos medioambientales no prescriben, por lo que el Ayuntamiento puede retomar ahora los casos paralizados y proseguir con el procedimiento sancionador en los casos en que así se requiera
La batería de bases de datos e inspecciones realizadas sobre el terreno ha permitido a Urbanismo iniciar un centenar de procedimientos, aunque en unos treinta casos las investigaciones han descartado cualquier ilegalidad.
En los setenta casos restantes el Ayuntamiento ha requerido a los propietarios que aclaren las supuestas irregularidades. Y en esos procedimientos hay todo tipo de casuísticas, cuenta el concejal. La mayoría son edificaciones en zona rural, aunque también han aparecido diferencias de volumetría en edificaciones en el centro de la ciudad. Fernández del Páramo matiza, no obstante, que muchas de las edificaciones detectadas están en una situación legalizable. Si están en terrenos que son compatibles con el uso residencial, por ejemplo, basta con que el propietario presente el proyecto de modificación de lo que haya realizado, pague las tasas y ajuste, así, la parcela a una situación regular. Hay casos, incluso, en que las irregularidades tienen que ver con una diferencia de metros cuadrados entre el Registro de la Propiedad y la realidad del inmueble, circunstancias que el propietario puede desconocer. Y en otras casos, la situación del inmueble no puede legalizarse, por lo que el propietario tiene que eliminar lo construido ilegalmente o el Ayuntamiento hacerse cargo de la restitución de la legalidad, después de obtener la orden en el juzgado.
El control en Disciplina Urbanística es un trabajo "largo y minucioso", y aunque ahora mismo se dispone de una persona que se encargar de este trabajo en concreto, el concejal Ignacio Fernández del Páramo lamenta la falta de personal para poder agilizar estas tareas y evitar, como en el pasado, que queden en el limbo.
