"Si el tripartito tuviera razón ya nos habría venido a desalojar la Guardia Civil". Los propietarios de los últimos cinco caballos que se mantienen en el Centro Ecuestre El Asturcón negaron ayer ser "okupas" ni delincuentes. Afirman estar hartos de "la persecución" y las "coacciones" a las que dicen estar sometidos por el gobierno tripartito desde que este aprobó la clausura del equipamiento ecuestre el 1 de mayo de 2016, pero anuncian que se mantendrán en sus trece hasta que lo decidan los tribunales. Mientras tanto, avisan también de que exigirán "consecuencias penales" para los concejales por reclamar pagos de hasta 30.000 euros que el Consistorio imputa a la dueña de un sólo caballo, supuestamente por los gastos derivados de la ocupación de su cuadra desde el cierre.
Los últimos usuarios del equipamiento sostienen que el gobierno local oculta a la opinión pública que no tiene capacidad para desalojarles. "Hay una causa abierta y hasta que no haya una resolución de aquí no nos puede mover nadie", indica el propietario de la yegua "Massara", Javier Llamazares, que recuerda que el cierre del equipamiento está recurrido y el Consistorio "todavía no ha podido aportar el expediente de la clausura".
Del mismo modo, anuncian acciones legales por lo que consideran que son las últimas medidas para tratar de que se vayan voluntariamente. "Están girando cargos por gastos que imputan a los caballos de gente que incluso abandonó el centro en tiempo y forma", advierten sobre unos requerimientos de cobro que, de momento sólo han llegado a uno de los últimos que se resisten a marcharse. "Me llegó el martes y me piden 30.367 euros", declara una mujer que alegará contra la resolución firmada por la edil de Somos Mercedes González, en la que se imputan estos gastos a consumos de luz, gas, agua y al canon de saneamiento, así como a servicios de seguridad, mantenimiento de depuradoras o el traslado del estiércol generado por los caballos.
"Es una vergüenza que quieran cobrar 2.000 euros por mes cuando no generamos ningún gasto", clama Charo Álvarez, una ovetense de 70 años que lleva 15 en el centro y que desde el anuncio de cierre sigue yendo todos los días a las diez de la mañana a atender a su caballo "Gitano". "Limpio la cuadra y la calle, el pienso lo pongo yo y los gastos veterinarios son de mi bolsillo por lo que el coste para ellos es cero", indica.
Sostienen que el Ayuntamiento quiere imputarles los gastos derivados de otras actividades de responsabilidad municipal como las sesiones de hipoterapia que se imparten en el espacio o el uso del mismo como punto de encuentro de los trabajadores del plan de empleo. "Mienten al decir que está cerrado porque lo usan ellos mismos y generan los gastos", reprocha Pieri González, que a diario cuida en el centro a su caballo "Gold Action".
Números que, sostienen, no cuadran con las cuentas de unas instalaciones que llegaron a tener 200 usuarios poco antes de su cierre y por las que pagaban una cuota mensual de apenas 100 euros, que ahora, dicen, les impiden abonar. "Nos ofrecimos hasta a alquilar el centro, pero se negaron", explica Javier Llamazares que, al igual que el resto de usuarios que quedan en las dependencias, firmaron en su día contratos con Urbaser para ocupar el Asturcón hasta 2040. "Pusimos en riesgo nuestro patrimonio para venir aquí y alguien tiene que asumir ese contrato", dicen, invitando al gobierno a acometer el desalojo "de manera legal y sin mentiras".
