El Ayuntamiento de Oviedo aseguró esta semana que el proceso para desalojar a los cinco caballos que permanecen en El Asturcón está en marcha. Fuentes municipales sostienen que el equipo de Gobierno emitió unos requerimientos a los propietarios para, por un lado, exigirles que retiren los animales del equipamiento, y, por el otro, para comunicarles las cantidades que adeudan por los costes que su presencia genera en las instalaciones municipales desde que el pasado mes de abril el pleno aprobó la supresión del servicio municipal de estabulación.

El anuncio choca con lo que aseguran los propietarios, que sostienen que en ningún momento les ha llegado comunicación alguna. "Desde abril lo único que hicieron fue pegar algún papel en los postes, pero no hubo comunicación personal", indican los todavía usuarios de El Asturcón, que niegan que estén causando gastos a las arcas municipales. "El mantenimiento de mi caballo lo asumo yo totalmente", indica un propietario que apunta que los gastos de mantenimiento vienen derivados del colectivo que imparte hipoterapia en las instalaciones. "Se riega y se hacen cuidados para ellos", sostiene.

Por su parte, el PP local advirtió ayer de que el caso del desalojo de El Asturcón va camino de convertirse en "en una losa para los intereses municipales" que creen, "supondrá la única herencia del cuatrienio negro del tripartito". Los populares denuncian que "la cabezonada" del alcalde, el socialista Wenceslao López, de cerrar El Asturcón podría traer consecuencias para los intereses municipales al estar pendiente de los tribunales, tanto por denuncias de los trabajadores cesados como de los usuarios que permanecen en el mismo. "En cuatro meses han sido incapaces de solucionar el problema", apuntan.

El equipo de gobierno sostiene que "la presencia de los caballos es irregular" y reafirma su intención de cobrar los gastos derivados de la presencia de los animales en las dependencias municipales. "La cantidad no es pequeña y las administraciones públicas no están para mantener servicios de estabulación", indican sobre la reclamación de unas cantidades que en abril ya se estimaban en 250.000 euros.