Las alegaciones aplazarán la aprobación definitiva del convenio de La Vega a mayo

La respuesta de la administración local a las 810 alegaciones presentadas a la aprobación inicial del convenio de La Vega en el trámite de información pública llevarán el acuerdo definitivo sobre el futuro de la fábrica de armas al mes de mayo. Ese es el cálculo que, a día de hoy, hace el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, metida su área en el trabajo técnico de revisar cada uno de los escritos y darle respuesta.

«Siempre dijimos que, al margen de que pueda haber varias alegaciones idénticas, la gestión administrativa es muy compleja, un trabajo ímprobo. Son 810 escritos que hay que recepcionar, leer, contestar y notificar. Y todo ello es complejo desde una perspectiva de gestión administrativa».

Cuesta confía, en todo caso, en que parte de la maquinaria municipal pueda concentrar sus fuerzas en este proceso y resolverlo en las primeras semanas de mayo. En la cabeza del gobierno local de Canteli está el horizonte del desfile del día de las Fuerzas Armadas en Oviedo, el día 24 de mayo. Antes de esa fecha confían en tenerlo todo resuelto.

El remate final y la aprobación definitiva del convenio de La Vega podría ser, no obstante, algo más complejo. Aparte de responder a cada una de las alegaciones, el contenido de estos escritos podría obligar a la administración local a realizar modificaciones en el texto, y hacerlo, además, de común acuerdo con las otras dos administraciones involucradas, la regional y la estatal.

Pero antes de llegar a esa fase, los técnicos municipales del área de planeamiento se encuentran ahora revisando las alegaciones y, paso previo a la contestación de cada una de ellas, están entresacando y agrupando los distintos argumentos contrarios al convenio para poder darles, después, una contestación individualizada.

Este trabajo previo de selección por bloques permite a la administración ganar algo de tiempo antes de proceder a las respuestas individuales y su notificación.

De momento, Nacho Cuesta se muestra confiado en la solvencia del convenio y afirma que la mayoría de las alegaciones son las ya conocidas y despejadas por su departamento. En ese sentido, una de las más recurrentes es la que acusa al convenio de arrogarse competencias propias de otros instrumentos de planeamiento. Al respecto, Cuesta insiste en que en el equipo de gobierno es consciente de todo ello. «Conocemos los límites y los alcances, qué corresponde al planeamiento y qué al convenio, y por eso hemos insistido mucho en que la ordenación que se refleja ahí es una propuesta, porque la ordenación siempre se regirá por un plan especial. Ahí no hay problema. Si, efectivamente, esto fuera la ordenación definitiva excedería su ámbito, pero es una mera propuesta. Y todos los informes técnicos así lo recalcan». «Un convenio», concluyó Cuesta, «es precisamente eso, un acuerdo de voluntades que luego se desarrollan, pero las potestades urbanísticas de la administración son indisponibles».

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