Bruselas / Madrid

La Comisión Europea ha pedido a España que no asigne ninguna financiación a RTVE que proceda de los impuestos introducidos o modificados por la nueva ley de financiación de la corporación hasta que concluya la investigación que abrió a finales de 2009. Fernández de la Vega reiteró que el Gobierno está «absolutamente convencido» de que la ley es «plenamente compatible» con la normativa de la Unión Europea y confió en que el fallo a favor de la nueva financiación de la Comisión Europea «no tarde mucho en producirse».

El Ejecutivo comunitario sospecha que la normativa podría ser incompatible con el tratado de la Unión Europea, y tiene «dudas» de que los nuevos impuestos sean acordes con la legislación comunitaria. Sí considera legales las ayudas para sufragar las pérdidas de RTVE por la supresión gradual de la publicidad a finales de 2009. Los nuevos impuestos son aportados por las cadenas privadas en abierto (el 3 por ciento de sus ingresos), las de pago (el 1,5 por ciento) o las empresas de telecomunicaciones (el 0,9 por ciento de los ingresos) ni evidentemente con anuncios, eliminados desde el pasado 1 de enero.

Además, la Comisión recuerda al Gobierno que, en caso de que decida recaudar los nuevos impuestos que gravan a las cadenas y a las empresas de telecomunicaciones, según el artículo 14 del reglamento de la Comisión Europea 659/1999 del Consejo, «toda ayuda ilegal puede recuperarse del beneficiario», por lo que si finalmente Bruselas fallara en contra de la ley de Financiación, RTVE tendría que devolver lo ingresado en concepto de esos impuestos.

No obstante, el Gobierno español afirmó que hasta abril de 2010 no se recaudarán los nuevos impuestos, por lo que si la investigación abierta por la Comisión Europea falla a favor de la normativa antes de esa fecha, no interferirá en los ingresos de la corporación.

Por su parte, la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel), integrada por Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, aseguró que «no le sorprende» la investigación de la UE y recordó que también se realizó este requerimiento a Francia, que cuenta con una normativa similar a la española. Además, reiteraron su intención de presentar las alegaciones en el plazo establecido por la Comisión.