Oviedo, E. G.
El caso de Canarias tiene antecedentes, aunque las decisiones judiciales anteriores habían afectado en España a padres agresores y no a alumnos. Cataluña, Valencia y Andalucía son algunas de las comunidades donde los jueces ya concedieron estatus de «atentado contra la autoridad» a las agresiones contra docentes.
La mayor concienciación de un problema que se enquista, la violencia en las aulas, llevó ya al menos en dos ocasiones -en los años 2006 y 2008- a la Fiscalía General del Estado a reclamar a los jueces que consideren a los profesores de los centros públicos «autoridad» a efectos penales ante agresiones de alumnos o padres de alumnos.
La última de las circulares del fiscal general indica que «estas agresiones dañan la actuación de personas que prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos por la Administración». La Fiscalía incluía al personal sanitario en sus recomendaciones.
Tres comunidades, Madrid, Valencia y Cataluña (esta última sólo para los directores de centros) han legislado para dar a los docentes tratamiento de autoridad pública, una iniciativa que choca contra el criterio del Ministerio de Educación. El asunto ha generado división de opiniones entre sindicatos (ANPE y CSIF apoyan la medida, mientras que UGT y CC OO lo tienen menos claro). El camino hacia las leyes de autoridad del profesor se ha abierto en comunidades donde la violencia en las aulas y el acoso al profesorado son significativos. Tan sólo un sindicato, Anpe, recoge cada año más de 3.000 llamadas de profesores que dicen sentirse víctimas de agresiones, acoso, intimidación y coacción. De Asturias proceden apenas una veintena.
El artículo 550
«Son reos de atentado quienes acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos...».
Ley de autoridad del profesor
Son iniciativas legales que han emprendido algunas comunidades para dar rango de autoridad pública al profesorado.
Fiscalía General
En 2008 ya pidió en una circular que las agresiones a profesores fueran consideradas delito de atentado a la autoridad.
Las penas
Agredir a un funcionario público en el ejercicio de su labor puede comportar tres años de prisión; agredir a una autoridad, cuatro, y agredir a un cargo político electo, incluso seis años.
