La creación del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, fruto de los esfuerzos de José Naveiras Escanlar «Pepe el Ferreiro», es una de las iniciativas más notables que han tenido lugar en Asturias para la protección y estudio del patrimonio etnográfico de la región. No se confunda: éstas no son nuestras palabras, sino el preámbulo que encabeza los estatutos del Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Y continúa: Nace bajo el patrocinio de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Grandas de Salime, que colaboran directamente con su fundador.
El último párrafo nos recuerda la experiencia que vivió el profesor Emilio Bautista en una visita que realizó, como director de la ETSII de Madrid, a una Universidad de Hungría durante los años del comunismo, cuando allí se afanaban en presentar los logros del régimen. Para terminar la conversación, el profesor Bautista, ahíto de las alabanzas escuchadas, presentó una última cuestión por pura cortesía sobre cómo se elegían los cargos de aquella Universidad. El responsable expuso (en húngaro) su particular visión sobre las excelencias democráticas de su institución, mientras la joven traductora tomaba nota. Cuando acabó la perorata, aquélla, con una voz cansina y monótona, fue traduciendo una a una aquellas maravillas concluyendo, sin traicionar el menor cambio de tono o emoción, como si efectivamente formara parte de la traducción real: «y esto, como todo lo anterior es todo mentira».
El grado de incumplimiento de los estatutos del consorcio en ciertos casos ha sido flagrante: tanto el alcalde de Grandas de Salime como el representante de Cajastur no han tenido el más mínimo reparo en reconocer, según consta en las actas del consorcio, que no han aportado la cantidad convenida (Artículo 19.2 de los estatutos) al museo desde hace unos cinco años, en el primer caso, y más de diez años, en el segundo caso, en una clara dejación de sus compromisos.
Sobre la posible creencia de que es el consorcio el que ha decidido la destitución de Pepe, conviene aclarar que, efectivamente, esta decisión por guardar las formas se sometió a democrática votación, pero no es menos cierto que estaba tomada de antemano, puesto que como punto 5 del orden del día figuraba «Cese y nombramiento del director», y que ya se había buscado un sustituto antes de conocer la opinión o decisión del conjunto del consorcio. Sustituto que ya estaba camino de Grandas de Salime antes de debatirse ese punto 5. Y es que no debe de extrañar la seguridad que existía sobre la decisión de la mayoría: cuatro de sus ocho componentes proceden de consejerías del Gobierno regional, el quinto es el alcalde de Grandas de Salime y el sexto pertenece a Cajastur. De ahí que ese sesgo político del consorcio nos permita albergar dudas sobre si su composición es la idónea para garantizar unos sanos criterios profesionales que aseguren el éxito etnográfico del museo.
En la reunión se trató de derivar el tema de fondo hacia la «filtración» a la prensa de la noticia. Que sepamos, según los estatutos, no hemos contraído ningún deber de confidencialidad relativa a mantener en secreto el orden del día de la reunión del consorcio. Nuestra función, como representantes respectivamente de la Universidad y de la Asociación de Amigos del Museo, aparte de gastos y, por lo que se ve ahora, de disgustos, no nos aporta más que el enriquecimiento que supone la vivencia de una dura experiencia humana. La pretensión de que nosotros eludiéramos ponernos en contacto de inmediato con Pepe, al comprobar cómo se fraguaba con oscurantismo el «cese y sustitución del director» (ni siquiera se añadía «del museo», lo que revela la intencionalidad), no es de recibo. Por supuesto que a Pepe no se le había comunicado la mala nueva. Claro que lo de «filtrar» es un tic político de los partidos, que atañe a los que tienen competencias y cobran por un cargo, algo que no es aquí el caso. Ni siquiera tuvimos el mérito de ser nosotros los que nos dirigimos a la prensa, aunque sólo cabe felicitar a quien optó por hacerlo.
De ahí que dado que las funciones del museo han sido cumplidas mucho más que satisfactoriamente, cabe deducir que la destitución no ha sido una penalización por una mala gestión o por un fracaso cultural del museo, sino el resultado de un «proyecto político» para el que tal vez Pepe, siempre pensando en una mejora del museo y en su expansión, no ofrecía las garantías que esa misión política requería. Como miembros del consorcio desconocemos esa trascendental misión futura del museo, que aún no se nos comunicó. De los argumentos aportados por el señor alcalde de Grandas durante la malhadada sesión, preferimos olvidarnos por no ser dignos de consideración. Mal que bien, nuestra formación como docentes nos impide dar credibilidad a unas aseveraciones gratuitas, acientíficas y obviamente falsas, como las que el señor Alcalde se atrevió a expresar.
Lo que conviene aclarar a esos detractores de Pepe que argumentan «es que hay que mirar por el contribuyente» para justificar su cese, tratando de atribuirle una gravosa gestión, es que nada hay mejor que analizar esa gestión para probar justamente lo contrario: el beneficio que ha supuesto para el contribuyente. Ahí están los cerca de 400.000 euros de saldo. Recuerden el coste adicional que va a tener, de inmediato, la contratación del nuevo director. Pepe puso en ese proyecto de museo toda su vida: fe, ilusión y sacrificio en el futuro del museo, profundo saber etnográfico, arraigo pleno en la comarca y en la región, alto conocimiento de sus costumbres y tradiciones, implicación en la adquisición de piezas y compromiso artesanal hasta el límite para la restauración directa en el taller de los objetos adquiridos o en situación de cesión, obtención de subvenciones por iniciativa propia, consecución de subvenciones de la Administración central, ejecución material de edificios, transporte de hórreos y molino piedra a piedra, disposición de guías voluntarias a quien lo requería, en especial a todos los escolares que año tras año aparecían por aquel remoto paraje y contribución directa en ideas, que van desde la propia restauración del edificio inicial y aledaños hasta el logotipo del museo y que convenza a un amplio círculo de entusiastas para ceder material al museo, porque el proyecto vale la pena. Su mediación en la promoción arqueológica del Chao San Martín fue providencial, convenciendo a la Administración por procedimientos heterodoxos de la importancia de proceder a una excavación de un castro, a la que inicialmente se mostró muy reticente, y que hoy es una referencia de la arqueología asturiana, rompiendo esquema tras esquema de la visión que se tenía de los castros prehistóricos. Podíamos continuar, pero ya no hay espacio.
En cualquier caso, queremos evocar ahora la actuación de aquellos políticos, como Manuel de la Cera, Trinidad Rodríguez, Carlos Madera y Adolfo Rodríguez Asensio, por citar solamente algunos, ya que seguro que omitimos injustamente alguno más, que, en aras del bien del museo y del interés común, supieron contener una saludable indignación ante las no-siempre justificadas salidas de Pepe el Ferreiro. Ellos renunciaron en ocasiones a su legítimo derecho de réplica y a su orgullo en favor del museo y del interés público y, por ello, merecen nuestro reconocimiento, en especial ahora.
Sólo nos queda expresar el deseo y la esperanza de que haya posibilidad de rectificación por parte de esa parte del consorcio que decidió la destitución, para reconducir esta lamentable situación por el presente del museo y por el futuro de la cultura etnográfica en Asturias.
