Oviedo, E. F.-P.
«El sistema de servicios sociales se está haciendo insostenible, especialmente el sistema de dependencia», advertía ayer el presidente regional del PP, Ovidio Sánchez, que compareció junto a la diputada Inmaculada González para denunciar la supresión de ciertos servicios en varios centros de día, recortes de personal en los diversos recursos de la Consejería de Bienestar Social y unos criterios de acreditación que, a su juicio, perjudican a los empresarios privados. Sánchez secundó a su compañera de grupo y aseguró que «el PP se opondrá a cualquier recorte en Sanidad, Servicios Sociales y Educación». «No es ahí, sino en los chiringuitos del Gobierno en los que hay que aplicar la política de austeridad», apostilló el líder de los populares.
González teme que, de continuar con las exigencias de la Administración, «tendrá que cerrar la mitad de los centros privados». En cambio, hizo ver que la exigencia de la norma se relaja en las instituciones públicas. Ése es el caso, puso como ejemplo, de la residencia mixta de Pumarín, en Gijón, que depende del ERA y donde trabajadores y familiares de los usuarios han denunciado la supresión del servicio de fisioterapia. «La Consejería está acometiendo recortes», concluyó la parlamentaria, y ese «recorte solapado», advirtió, «afecta a todos los centros de la red pública».
No sólo eso. González criticó la escasa aportación económica del Estado al desarrollo de la ley de Dependencia, que en Asturias supone entre 262 y 70 euros por usuario, según sus estimaciones. «Quedan once mil asturianos por entrar en el sistema de dependencia y nosotros vamos a seguir exigiendo una prestación para ellos», avisó.
