Madrid

El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, pidió ayer «encarecidamente» que se retire la disposición adicional de la ley de Economía Sostenible que permite el bloqueo de páginas web, conocida como «ley Sinde», y advirtió de que, en caso de que finalmente se apruebe, la asociación acudirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Así, Domingo, que compareció en la Comisión de Cultura del Senado, explicó a «Europa Press» que los internautas no van a aceptar «bajo ningún concepto que la "ley Sinde" salga adelante». Durante su comparecencia en la Cámara alta, el presidente de AI aseguró que la «ley Sinde» plantea un «problema muy serio» y trató de convencer a los miembros de la comisión para que la disposición adicional «no prospere», ya que, a su juicio, el asunto está cerca de pasar de ser «una cuestión de carácter económico a un desequilibrio democrático que está cuestionando incluso el propio Estado de derecho».

En otro frente, aunque con el mismo trasfondo, se ha pronunciado la parte experta de los órganos judiciales. Así, el dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de la «ley Sinde» aboga por fomentar «las descargas lícitas de contenidos protegidos», «la transparencia de las entidades de gestión de los derechos de autor» y «la exigencia de compensaciones equitativas por copias privadas no basadas en la presunción de que un soporte grabable se adquiere para copiar material registrado».

Estas medidas, según el Consejo de Estado, «contribuirían a crear un marco más favorable a la tarea de preservación de la propiedad intelectual». Asimismo, el Consejo se muestra consciente de «las dificultades derivadas de la relación entre internet y los derechos de autor, que aconsejan un tratamiento lo más global posible», mantiene el órgano.

En el citado informe, este organismo considera «pertinentes» las observaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referentes a este asunto, que, según el Consejo de Estado, «han sido rechazadas por el Ministerio de Economía, y Hacienda, aunque sin explicación de los motivos en que basa su rechazo o con argumentos excesivamente escuetos».