El PP exigirá responsabilidades políticas por el delito contra la Campa de Torres

El Partido Popular considera que el decreto de la Fiscalía Superior admitiendo que el hallazgo de piezas arqueológicas abandonadas en un búnker de la Campa Torres, en Gijón, constituye un delito contra el patrimonio tipificado en el Código Penal, aunque prescrito, no puede quedar impune. «Exigimos responsabilidades políticas y administrativas», declaró ayer el diputado Alfonso Román López. «No es de recibo que el responsable máximo del delito, Francisco Cuesta, haya sido premiado con la dirección de un museo asturiano», añadió.

Por ello en septiembre el PP solicitará la apertura de una comisión de investigación que depure responsabilidades. «Confiamos en el apoyo de IU, no sólo porque el dictamen judicial es concluyente, sino porque esa formación siempre se erigió en defensora de la cultura asturiana», subrayó.

Alfonso Román López compareció ayer en la sede regional del PP, junto a Manuel Pecharromán y María Jesús Rodríguez, concejales de los ayuntamientos de Gijón y Oviedo, respectivamente, e integrantes ambos del Consejo Regional de Patrimonio. Los tres han realizado un exhaustivo trabajo sobre todo lo relacionado con el hallazgo de la Campa Torres, conocido por primera vez el pasado mes de abril a través de LA NUEVA ESPAÑA. Como subrayó Pecharromán, «nos enteramos por los medios de comunicación, pero los restos se encontraron en marzo de 2009, un año antes, y lo que hicieron los responsables políticos fue silenciarlo, intentar taparlo y amparar al director de la excavación nombrándole director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime».

En todo lo relacionado con el descubrimiento de restos arqueológicos de la Campa Torres hay, según la opinión de Manuel Pecharromán, «una gravísima irresponsabilidad de la Administración y una gran dejadez, que desacredita a los responsables políticos». El concejal gijonés recordó que días después del hallazgo el concejal socialista Justo Vilabrille afirmó en una comparecencia informativa que en la Campa «no había habido ni expolio ni atentado», lo mismo, indicó Alfonso Román López, que mantuvo la consejera de Cultura, Mercedes Álvarez -concejala de Cultura de Gijón entre los años 1999 y 2007, coincidiendo con las excavaciones en la Campa-, durante sus comparecencias en la Junta General del Principado.

Sin embargo, el informe del fiscal afirma que de la «abundante documentación» analizada se desprende «sin ningún género de dudas» que el lugar donde se encontraron los materiales arqueológicos «no revestía las condiciones de humedad y temperatura necesarias para su conservación adecuada», y se añade que todo ello supuso «un deterioro innegable, especialmente de parte de la información científica» y evidencia «una incuria y una falta de control de las personas y organismos administrativos implicados en su protección».

«Vamos a pedir hasta las últimas consecuencias que se depuren responsabilidades políticas por el mayor desastre arqueológico conocido en Asturias», señaló Alfonso Román López. Según su consideración, «el PSOE ha amparado y defendido hasta el final al responsable de un delito penal contra el patrimonio asturiano».

El diputado asturiano considera, asimismo, que Mercedes Álvarez es otra de las responsables. «Parece "doña sonrisas", lo único que hace cuando se le exigen explicaciones es sonreír».

Desde que trascendió el hallazgo hasta este momento, la Consejería de Cultura no ha convocado ninguna reunión del Consejo General de Patrimonio, que debería evaluar lo sucedido. La última celebrada por este órgano fue el pasado mes de febrero, y probablemente no convoquen otra hasta finales de año. Son las dos por año a las que obliga la ley.

«La ley contempla que se puede solicitar un consejo de patrimonio extraordinario, pero necesitamos un tercio de los votos, y el PP sólo cuenta con tres representantes», señaló María Jesús Rodríguez.

El PP exigirá también en la Junta, en el próximo período de sesiones, el desarrollo de la ley de patrimonio, aprobada en el año 2001. «La falta de desarrollo se traduce en que el control de las excavaciones dependa directamente de la Consejería sin que exista un seguimiento controlado de todas las actuaciones, y lo que nos estamos encontrando en la gestión política y administrativa de la arqueología asturiana es preocupante», subrayó Manuel Pecharromán.