«Sin IU en el Gobierno, Asturias aplicaría una política social idéntica a la de Zapatero»

Oviedo, Elena FDEZ-PELLO

Pedro Rodríguez, director General de Servicios y Prestaciones Sociales, defiende la atención social como «un derecho básico y universal». El coste económico y de gestión que supone la implantación del sistema de atención a las personas dependientes es comparable, sostiene, con el que en su día supuso la creación de la Seguridad Social o la sanidad pública, y tan necesario como aquellos. Sobre ello y del desarrollo de la ley de Dependencia, que da un paso más a partir del 1 de enero, responde a LA NUEVA ESPAÑA a través de este cuestionario.

-¿El incremento del presupuesto de Bienestar es fruto de la habilidad negociadora de la consejera o el pago del PSOE al apoyo parlamentario de IU?

-Más bien es una cuestión de prioridades. IU está en el Gobierno de Asturias convencida de que en este contexto económico lo importante debe ser garantizar los derechos de los ciudadanos y poder responder a sus necesidades. Eso nos está permitiendo desarrollar una política muy diferente de la que desarrolla Zapatero, que probablemente, sin IU en el Gobierno, también se estaría aplicando en Asturias.

-El presupuesto de las consejerías se ha recortado, excepto el de Bienestar. ¿Está justificado priorizar la ley de Dependencia por encima de servicios básicos y universales como la sanidad?

-No es cierto que nuestro presupuesto se incremente a costa del de Sanidad. Este año los recortes nos han afectado a todos. Dicho esto, debemos ser conscientes de que la atención social también es un derecho básico y universal, como lo son la sanidad y la educación. La ley de Dependencia todavía se está implantando, y requiere más financiaciación que otros servicios que ya están consolidados. Tampoco debemos olvidar que la inversión social genera empleo y actividad económica. La atención social en Asturias ha creado 500 nuevos empleos en sólo dos años.

-¿Cuánto le va a costar a Asturias la entrada en vigor del nuevo grado de la Dependencia?

-Muy poco, si tenemos en cuenta el beneficio social que supone. Estamos hablando de unos 20,7 millones de euros, un 0,48% del presupuesto del Principado. El presupuesto total destinado a atención a la dependencia, personas mayores y personas con discapacidad, sin tener en cuenta las inversiones en nuevos centros o en mejoras en los existentes, será de 246,9 millones de euros para 2011, frente a los 226,2 millones de euros de este año. Casi nueve de cada diez euros se destinan a servicios profesionales de calidad, públicos o acreditados, frente a las prestaciones económicas para cuidados no profesionales y familiares, a las que sólo se destina el 12% del presupuesto.

-¿Por qué no se dejó en suspenso, como pedían algunas comunidades, hasta que la crisis empezara a remontar y se hubiera agilizado la gestión de los grados ya reconocidos?

-Por parecidos motivos por los que no se suspendió la construcción del sistema público de pensiones, el de salud o el de educación durante los también difíciles años ochenta, porque sería contraproducente, contradictorio con la demanda mayoritaria y las exigencias actuales del Estado de derecho. Nunca se planteó explícitamente esa posible suspensión. Aquí las diferencias se centran más bien entre quienes nos esforzamos en construir una red pública de centros y servicios de calidad y quienes se especializan en la tardanza o en la provisión de ayudas para el cuidado no profesional. Bastaría con volver a poner en marcha el impuesto de patrimonio para que no hubiera ningún déficit de financiación en la ley de Dependencia.

-Por primera vez se recurre a la figura de «crédito ampliable», ¿temen verse desbordados a mitad de ejercicio?

-Que se considere «crédito ampliable» significa que todas las personas que tengan reconocido el derecho a las ayudas de la ley de Dependencia puedan acceder a ellas. En un momento de incertidumbre como el actual es más bien la expresión presupuestaria de un compromiso político. Hay que tener en cuenta que aún es difícil evaluar la incidencia de las medidas legisladas por el Gobierno de España que suponen la eliminación, para las solicitudes recibidas a partir de junio, de la retroactividad en los primeros seis meses desde que se presenta la solicitud. También es muy complicado prever qué servicio o prestación de las posibles va a elegir cada persona, porque no tienen el mismo coste para la Administración. Hemos elevado de 36,6 millones de euros en 2010 hasta los 39 millones de euros la partida prevista para estas prestaciones en 2011.

-El compromiso de la Administración del Estado no ha variado. Su aportación es mínima y son las autonomías las que sustentan el sistema.

-Cierto, pero también lo es que antes de la ley de 2006 las autonomías se encontraban «solas» ante la creciente demanda y necesidad social de servicios, y hasta esa fecha el compromiso de la Administración del Estado era de «cero patatero». La cuestión inapelable es que globalmente España destina una baja cantidad de recursos públicos a los servicios de apoyo a la familia en la atención a personas dependientes, y en el resto de políticas sociales, en relación a su nivel de desarrollo y en comparación con la media de la Unión Europea.

-¿Alguna posibilidad de renegociar esas aportaciones?

-Nosotros lo planteamos en todas las ocasiones, y señalamos, además, que el sistema de aportaciones de la Administración central debe contemplar el número de personas atendidas, pero también la intensidad efectiva y la calidad de los servicios prestados. El actual modelo corre el riesgo de incentivar las modalidades de atención de menos calidad y más baratas.

-Unos 7.000 asturianos se incorporarán en 2011 a la Dependencia, hasta llegar a unos 23.000 o 24.000. ¿Es en esa cifra en la que se va a estabilizar el sistema?

-Nos acercaremos a ella en los próximos dos años, pero aún falta la entrada en vigor a partir del año 2013 del derecho de atención a las personas con dependencia moderada más leve (grado I, nivel I). Es razonable estimar que cuando se complete el desarrollo de la ley en 2020 en Asturias el número de beneficiarios sean unos 30.000.