A partir del domingo estará prohibido fumar en todos los locales públicos cerrados, una medida que llega a España envuelta en una humareda de cifras en ocasiones contradictorias y, en otras, tremendamente reveladoras.

Comenzando por el bando opositor, la Federación Española de Hostelería vaticina para el sector una caída del 10% de la facturación y 150.000 desempleados.

Sin embargo, el Instituto de Estudio Económicos calcula que se perderán 50.000 puestos en el sector, una cifra que supone rebajar casi en dos tercios las estimaciones de los hosteleros.

La caída de las ventas de la hostelería y la restauración será de entre un 5% y un 10%, con 7.000 millones de ingresos menos respecto a las cifras de 2009.

La Unión de Estanqueros dice que se abrirán de par en par las puertas del tráfico ilícito, debido a la demanda insatisfecha de cigarrillos por la reducción de 60.000 máquinas expendedoras.

Las más de cuarenta entidades del sector sanitario que integran el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo alegan que los pronósticos de pérdidas "no son creíbles" puesto que "los cocina la industria tabaquera".

Los datos de la experiencia española a partir de la entrada en vigor de la Ley de 2006, como de otros países con legislaciones similares a la que se implantará en España, no son tan alarmistas: de hecho, en 2005 la FEHR pronosticó unas pérdidas del 8% de facturación y 23.000 empleos menos para 2007, y, sin embargo, los puestos de trabajo se incrementaron en casi 50.000 y los beneficios un 10%.

Fuera de España, hay ejemplos como Irlanda, donde los empleos en hostelería aumentaron un 13,7%; Francia, donde los ingresos en restaurantes subieron un 3%, y Reino Unido, donde la apertura de locales de ocio se incrementó entre un 6 y un 14%.

En el ámbito de la salud, el último sondeo sobre drogas en España revela que la anterior ley no logró reducir el tabaquismo: un 32% de la población fuma -un 2% más que en la encuesta anterior-.

Lo cierto es que, al menos, la nueva normativa liberará a la hostelería de un aire contaminado con 4.500 sustancias tóxicas, que cada año matan en España a 5.000 fumadores pasivos.

El Estado recaudó el pasado año 7.718 millones de euros por la vía de los impuestos especiales al tabaco, lo que significa, que por cada euro ingresado se gastaron dos en costes sanitarios y sociales.