El coronavirus atenúa su impacto en las residencias de mayores de Asturias. El Principado tiene intervenidos 88 centros pero solo hay casos activos en 35, según acaba de informar la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, en el grupo de trabajo de la Junta General.
La red de más de doscientas residencias de mayores, entre públicas y privadas, han registrado desde el inicio de la pandemia 152 muertos del cómputo global de 261 contabilizados hasta la jornada de ayer en Asturias. Esta semana está prevista la finalización de los test en todas las residencias. La comparecencia de la consejera de Derechos Sociales ante la oposición dejó entrever una cierta tendencia de mejora, rodeada de todas las cautelas, en un sector muy castigado por el COVID-19 no solo en Asturias sino en el conjunto del país. Un ejemplo de esa mejora es la desmedicalización del centro Arco Iris, en Oviedo.
La consejera reconoció que "con la perspectiva que da el paso del tiempo, probablemente hubiéramos tomado medidas en el mes de diciembre o enero, pero tenemos la tranquilidad de que aplicamos siempre el protocolo". Melania Álvarez confirmó que su departamento tiene previsto presentar ante el parlamento regional un informe detallado sobre la gestión llevada a cabo por su departamento en las residencias de mayores, a una pregunta realizada por el diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé.
Otra prueba del inicio del camino a "la nueva normalidad" en los centros de mayores es el calendario en el que ya trabaja la consejería para reiniciar servicios que permanecen suspendidos en las últimas semanas, como los de podología, fisioterapia y psicología, por cuya situación se interesó el diputado de Podemos, Rafael Palacios. La diputada del PP, Reyes Fernández Hurlé, manifestó la preocupación de su grupo parlamentario por "la inspección de alimentos" en los centros reidenciales donde, detalló, "han registrado el 58 por ciento de los fallecidos en Asturias".
Por otra parte, Melania Álvarez justificó en motivos económicos el cierre de la residencia San Agustín, en Gijón, donde el contrato de alquiler vence el 30 de este mes. "Cuesta más de 400.000 euros al año, Con el importe de un año podemos acondicionar el nuevo centro, que está previsto en la calle Premio Real", argumentó la consejera de Derechos Sociales. La decisión de no prorrogar ese contrato de alquiler se adoptó en el mes de diciembre. Y precisó que actualmente hay algo más de 700 expedientes del salario social en tramitación.
