"Fue un honor", dice la asturiana que participó en el informe de abusos sexuales en la Iglesia

Dieciocho meses de trabajo de un grupo de expertos en abusos sexuales culminaron el pasado viernes con la presentación en el Congreso de un informe sobre la pederastia en la Iglesia católica española. Un trocito de ese estudio le corresponde a la abogada gijonesa Leticia de la Hoz, que participó en la comisión nacional creada por el Defensor del Pueblo. La asturiana, fundadora de la asociación Infancia Robada, integrada por víctimas de abusos sexuales, se muestra "satisfecha" con el informe y asegura que fue "un honor" haber formado parte "de un hecho histórico". El Defensor del Pueblo plasma en 777 páginas la existencia de un grave problema que fue silenciado durante décadas: al menos 440.000 personas sufrieron en nuestro país abusos a manos de sacerdotes, religiosos u otras personas vinculadas con la Iglesia.

Aunque reconoce que la cifra de afectados es "mayor de lo esperado", Leticia de la Hoz puntualiza que el dato de 440.000 víctimas no aparece en el informe. "Nosotros lo que recogemos es una encuesta hecha a 8.013 personas por GAD3, que dice que el 1,13% de la población española adulta sufrió abusos dentro de la Iglesia. Las 440.000 personas es una extrapolación que hicieron los medios de comunicación", aclara.

En cualquier caso, el problema existe y es gordo. "Tenemos más 400 testimonios directos de víctimas, que llamaron al Defensor del Pueblo. Es un número muy alto, teniendo en cuenta que casi todos los abusos se produjeron en los años 60 y 70 y hay muchas personas que ya fallecieron y que nunca se sabrá", señala. Algunos de esos testimonios son, por supuesto, asturianos, aunque es imposible tener el dato preciso, según De la Hoz.

Oficialmente, la Diócesis de Oviedo comunicó dos casos: una de las denuncias fue archivada por la Fiscalía y otra acabó con la expulsión y suspensión del sacerdote. El informe recoge que el Arzobispado de Oviedo se negó a dar datos, algo que la Iglesia asturiana rechazó este sábado en un comunicado. "En la página 705 recogemos que la Diócesis de Oviedo no contestó a la segunda carta del Defensor del Pueblo", apunta la abogada gijonesa.

El trabajo de los expertos –fueron veinte los compusieron la comisión– está hecho y entregado. Ahora le toca al Congreso "cambiar las cosas". "Lo que más me gusta del informe es haber contribuido a la reparación de las víctimas. Nosotros pedimos no solo una reparación social, sino también económica, con la creación de un fondo estatal. Entendemos que al igual que se dota económicamente a otras víctimas de abusos, las de la Iglesia también, que han sido las grandes olvidadas", defiende Leticia de la Hoz. Estas víctimas, describe, tienen además precariedad económica y arrastran secuelas. A través de su asociación Infancia Robada, la asturiana sabe bien que son personas que "al principio sienten vergüenza y mucha culpabilidad" y que la mayoría no denunciaron a tiempo.

La abogada destaca otras conclusiones o recomendaciones del informe: "La atención psicológica a las víctimas, que hasta ahora no han tenido; mejorar la prevención y aplicar protocolos de protección de la infancia no solo en escuelas, sino también en parroquias; mejorar la atención a las víctimas; dar formación y sensibilización...". De la Hoz está convencida de que todo ello servirá para luchar contra los abusos sexuales en general y no solo los de la Iglesia, que también.

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