Málaga / Oviedo,

José Antonio SAU / L. Á. V.

La segunda jornada del juicio por el «caso Ballena Blanca», la mayor red de blanqueo de capitales desarticulada en Europa, no se centró ayer en una discusión sobre la especie que debe dar nombre a la causa -¿ballena o chanquete?- en función del montante «lavado», sino que las defensas trataron de demostrar que la instrucción del juez Miguel Ángel Torres no respetó los derechos de los 19 implicados. El abogado de la notaria avilesina a la que se juzga, Amelia Bergillos Moretón, que se enfrenta a un año de cárcel, llegó a asegurar que Torres tenía «manía» a su defendida.

Bergillos daba supuestamente fe de algunas de las sociedades creadas desde el despacho del abogado Fernando del Valle para ocultar el dinero ilícito. El abogado de la notaria, Bosco García de Biedma, aseguró que el juez granadino tenía especial inquina por la fedataria. No en vano, si se partió del análisis de la constitución de 116 sociedades, sólo tres de ellas se incluyen en el escrito de acusación, dijo García, quien se quejó de los «prejuicios» del juez sobre los notarios.

«La detención tuvo fines ajenos a la instrucción; luce mucho detener a notarios, pero ¿era necesario?», se preguntó, atribuyendo a Torres un interés mediático. Por ello, pidió que se resuelva sobre la recusación del magistrado, lo que rechazó el fiscal, dado que cuando ésta se presentó en julio de 2007 Torres estaba ya en un Juzgado granadino. Bergillos también presentó una querella por prevaricación, que cayó en saco roto.

El fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, habló el último y volvió a sacar la cara por el instructor, que ayer recibió «palos» de la mayoría de los letrados. Según los defensores, jamás debió atribuirse el asunto, ya que vulneró las normas de reparto. Pero López Caballero indicó que, al inicio de la investigación, ni él ni la Policía conocían al instructor, y calificó las acusaciones de las partes como una suerte de «teorías de la conspiración». El juez de guardia, siguiendo las normas marbellíes, era el que debía hacerse con el caso y la denuncia se presentó cuando Torres hacía esta labor. Frente a las acusaciones de falta de control judicial sobre escuchas o detenciones, recalcó que «las decisiones del instructor fueron revisadas y ratificadas por la Audiencia Provincial». El fiscal negó además que la investigación partiera de hipótesis. Nació de «un discurso racional» que aportaron las comisiones rogatorias enviadas y que situaban al despacho de Del Valle en el centro de una trama que blanqueaba dinero del crimen internacional.