La defensa de Santiago Gutiérrez-Brodard, el médico ovetense acusado de falsificar recetas y vender morfina, pidió ayer la libre absolución de su representado por falta de pruebas que demuestren que traficaba con ese opiáceo. La fiscal por su parte, mantuvo la acusación y la petición de diez años de cárcel después de escuchar a los médicos de familia de tres pacientes a los que se les había recetado la morfina sin el conocimiento de los facultativos y sin necesidad.

La Audiencia Provincial acogió ayer la segunda y última sesión del juicio contra Santiago Gutiérrez-Brodard, quien el pasado jueves justificó el uso de la morfina porque ese opiáceo "no es un bestia". También declaró que la enorme cantidad recetada respondía a una mera cuestión de custodia, porque no tenía dónde guardar las dosis, y añadió que las que le sobraban las destruía, pero no las vendía a terceros.

Los tres médicos de la Seguridad Social que declararon ayer indicaron que a sus pacientes les controlaban con analgésicos, pero a ninguno se le llegó a recetar morfina. También indicaron que desconocían que la estuvieran consumiendo porque ni ellos ni el galeno acusado se lo habían comunicado. Sólo una doctora indicó que se había enterado de que su paciente tomaba dicha sustancia al tramitarle la receta electrónica como paciente crónico.

Tras estas declaraciones, la Fiscalía elevó sus conclusiones a definitivas manteniendo las acusaciones porque existió "una total ausencia de control, uso y registro de medicamento" y porque hubo "total oscuridad en la manera de proceder" del médico acusado, que se encargaba personalmente de retirar las cajas de morfina en la farmacia cuando es innecesario.

El letrado de la defensa, Ricardo Álvarez-Buylla, insistió en que el caso se debía de retrotraer a la instrucción para evitar la indefensión del acusado, que desconocía de qué se le acusaba. Remarcó que los indicios no son pruebas de que su representado traficase con morfina, ya que siguió actuando de la misma manera después de que se le tomase declaración sin que el juzgado de instrucción o la fiscalía actuasen.