A lo largo de todas las jornadas que duró el juicio contra Miguel Ángel Muñoz, el asesino de la peregrina norteamericana Denise Pikka Thiem en la primavera de 2015, sus abogados defensores centraron buena parte de sus intervenciones en demostrar que se habían vulnerado los derechos del acusado, con interrogatorios sin presencia de un abogado. Muñoz fue condenado a 23 años de prisión y la defensa presentó un recurso en el que pide la anulación de la sentencia o, en su defecto, una rebaja sustancial de la pena, que se reduciría a doce años de privación de libertad.
Un jurado popular declaró culpable a Muñoz de asesinato y robo con violencia. Fue juzgado en la Audiencia de León porque la peregrina, que realizaba en solitario el Camino de Santiago, fue asesinada en un enclave cercano a la localidad de Castrillo de los Polvazares, en la provincia leonesa.
En la vista del recurso de apelación contra la sentencia, que se celebró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el abogado defensor, Emilio Cortés, argumentó que la Policía Judicial actuó con "cierta ligereza" al detenerle e interrogarle sin presencia de un abogado. La defensa cree que "se buscó a un culpable, no al culpable", porque había presiones del Consulado de Estados Unidos para que se resolviera el crimen. Lo tiene difícil porque el propio Miguel Ángel Muñoz reconoció el crimen y llevó a los investigadores hasta el lugar donde había enterrado el cadáver.
El ministerio fiscal recordó ayer en la vista que la investigación se desarrolló desde el momento del crimen, en abril, hasta la detención de Miguel Ángel Muñoz, en septiembre del mismo año en la localidad asturiana de Grandas de Salime.
Ha considerado que lo que se produjo en un primer momento no fue un interrogatorio sin abogado, sino una "declaración espontánea" del entonces sospechoso.
