Crimen de Baiona

El pensamiento “rumiativo y obsesivo” del autor confeso del crimen machista de Baiona

La instrucción judicial de la causa contra Ángel Rodríguez por el asesinato de Beatriz Lijó en febrero avanza rápido, a la espera de que comparezcan nuevos testigos y lleguen los análisis de ADN

Llegada a la Comandancia de Pontevedra del presunto asesino, Ángel Rodríguez da Costa.

Llegada a la Comandancia de Pontevedra del presunto asesino, Ángel Rodríguez da Costa. / GUSTAVO SANTOS

Marta Fontán

Con fecha de 29 de octubre de 2021 una médico forense y un psicólogo del Imelga de Vigo emitieron un informe que concluía que Ángel Rodríguez da Costa, “Lito”, presentaba un “pensamiento rumiativo/obsesivo” con respecto a su expareja. Casi un año y medio después, en febrero de este 2023, el hombre sobre el que versaba aquella pericial asesinaba supuestamente a la mujer provisto de un cuchillo y un hacha y en presencia de los dos hijos de solo 6 y 9 años que tenían en común.

Y es que el crimen de Beatriz Lijó Gesteira en Baiona fue el trágico colofón de unos convulsos años en los que la actitud del presunto homicida hacia ella y los niños judicializó y complicó sus vidas. Hoy, transcurridos casi cuatro meses desde el asesinato machista, la instrucción al cargo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo ya está avanzada: ante la magistrada comparecieron los agentes que de una manera u otra intervinieron en el caso –policías locales, policías nacionales y guardias civiles–, familiares directos del supuesto agresor y de la víctima o profesionales como una psicóloga privada que asistió al hombre.

La demoledora frase de un hijo

Pero las pesquisas, que cuentan también con la confesión realizada por el investigado en sede judicial y con la demoledora frase pronunciada tras los hechos por uno de sus hijos diciendo a su abuelo que “papá mató a mamá”, aún tendrán más recorrido: entre otras diligencias pendientes, la acusación particular que representa a la familia de Beatriz ha interesado nuevas testificales que podrían resultar reveladoras y se está a la espera de pruebas científicas como los análisis de ADN, claves en cualquier investigación criminal de este calado.

En este caso en el que las pruebas se agolpan contra el investigado también cobrará importancia la prueba documental procedente de los litigios que, de forma previa al crimen, hubo entre la expareja. Porque junto al pleito por la guarda y custodia de los menores derivado de la ruptura sentimental acaecida en 2017, el presunto homicida llegó a denunciar penalmente a Beatriz acusándola de maltrato físico y psicológico y también fue contra ella en el ámbito civil, en una demanda en la que, entre otras cuestiones, le reclamaba 9.000 euros alegando unos supuestos daños y perjuicios en su carrera profesional padecidos durante la convivencia en común. Ambas acciones, la penal y la civil, se archivaron de plano en 2022, mismo año en el que, por su “incomprensible”, “extraña” y “perjudicial” actitud como padre, acabó suspendido provisionalmente de la patria potestad con respecto a los pequeños, decisión judicial que estaba pendiente de la vista definitiva sobre dicha modificación de medidas que iba a celebrarse esta misma semana en Madrid y que ya nunca tendrá lugar por este crimen machista que segó una vida y dejó rotas muchas más.

El crimen de Baiona, el primer asesinato machista del año en Galicia.

El crimen de Baiona, el primer asesinato machista del año en Galicia. / RICARDO GROBAS

Retirada provisional de la patria potestad

Esa retirada provisional de la patria potestad –que ahora ha vuelto a adoptarse en el marco del procedimiento por el homicidio– se decidió en un auto dictado en noviembre de 2022 por el Juzgado de Primera Instancia 27 de Madrid, ciudad donde residía la pareja cuando, en 2017, rompieron su relación e interpusieron el litigio sobre la guarda y custodia de los niños. El régimen inicial fijado de mutuo acuerdo en 2018 había sido de custodia compartida, pero esa otra resolución emitida dos meses antes del crimen lo cambió todo: junto a la privación de la patria potestad “en todas las funciones representativas de los menores educativas, sanitarias, gubernativas y administrativas”, se atribuyó la guarda y custodia en exclusiva a Beatriz, otorgándose a Ángel un régimen de visitas.

El magistrado fue contundente y junto al testimonio de la hoy fallecida valoró el informe del colegio de los niños. “Lito”, recoge el auto, se negaba a firmar todo tipo de autorizaciones en el centro escolar, haciendo caso omiso a notificaciones y llamadas, llegando al punto de que una vez hubo que avisar a la Guardia Civil porque quería llevarse a uno de los niños en horario lectivo sin rubricar el preceptivo documento. A veces firmaba de forma “deliberadamente ambigua”, como cuando era necesario su permiso para salidas didácticas. Y tampoco “autorizaba ni se posicionaba” sobre la vacunación del coronavirus de los pequeños

Casos archivados

Con este escenario, el magistrado madrileño percibió una clara “situación de riesgo” motivada por la “actitud bloqueante y pasiva” de este padre al ejercicio conjunto de la corresponsabilidad parental. Su actitud “extraña y tóxica”, se concluyó, afectaba a la relación con su expareja, con el centro escolar y con los niños. Ese auto judicial llegó a finales de 2022, mismo año en el que otros juzgados archivaron sendos procedimientos instados por el hoy investigado contra su expareja. Uno lo llevó también un juzgado de Madrid, el de Instrucción número 10: una denuncia por maltrato en el marco de la cual se emitió ese informe forense que plasmó sobre el papel la patente obsesión de Ángel hacia Beatriz. Se sobreseyó, al igual que un pleito civil que tramitó un juzgado de Vigo, el de Primera Instancia número 4, un caso que ni siquiera llegó a juicio ante la inconsistencia de la demanda.

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La Audiencia Provincial de Pontevedra, en un auto firme emitido en marzo, ordenó el embargo preventivo de las cuentas bancarias y activos del investigado de cara a las futuras indemnizaciones que se le puedan imponer en el juicio por el crimen en concepto de responsabilidad civil. Preguntado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo para que manifestase qué bienes poseía, el presunto homicida respondió que solo un vehículo. La Fiscalía acaba de instar a la jueza instructora para que, a través de punto neutro judicial, se haga una averiguación de bienes para indagar en si puede haber alguna otra propiedad o bien a su nombre. Estas diligencias son habituales en causas como ésta para, como plantearon las acusaciones, “evitar cualquier posible maniobra de despatrimonialización” por parte del imputado o de un tercero.

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