Gijón, M. C.
El titular del Juzgado de lo mercantil número uno de Oviedo, Alfonso Muñoz Paredes, aprobó ayer el expediente de regulación de empleo de Factorías Juliana, que afectará a la gran mayoría de los 180 empleados del astillero privatizado, a partir del próximo 1 de septiembre. De estos trabajadores, 150 procedentes del antiguo Izar Gijón tienen garantizado su futuro por la SEPI mediante prejubilaciones (113) o la recolocación en astilleros públicos de Navantia (27).
A partir de septiembre sólo permanecerán en sus puestos un reducido grupo de empleados para atender a las tareas necesarias en el buque cementero «Cristina Masaveu». El buque tendrá que trasladarse a otro astillero para su conclusión si Juliana no logra los fondos necesarios para pagar a las compañías auxiliares que se encargan de la obra.
La dirección de Juliana y la de su matriz Factorías Vulcano mantuvieron el miércoles una reunión con Pymar para lograr fondos. Pymar se había negado inicialmente a conceder un aval de 6 millones de euros para continuar las obras en el cementero. El organismo, controlado por el Ministerio de Industria, valora ahora revisar esa decisión, tras haber concedido otro crédito de 4 millones de euros al astillero de Sevilla, privatizado a la vez que el de Gijón, según fuentes empresariales.
El juez ha aprobado un expediente mixto de regulación de empleo, mediante el que se enviará al paro a la mayor parte de los 180 trabajadores de Factorías Juliana a partir del 1 de septiembre. De esa plantilla, 113 trabajadores se prejubilarán posteriormente y otros 27 los recolocará la SEPI.
