Oviedo, Juan A. ARDURA

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado al Principado a conceder las ayudas sociales que el Gobierno regional eliminó a los empleados públicos de manera unilateral en agosto, al aplicar el «tijeretazo» al Presupuesto regional para reducir el gasto corriente.

El tribunal ha estimado una demanda del sindicato CSIF, que denunció que dicha decisión vulneraba el convenio colectivo de los 4.500 empleados laborales que hay en el Principado. Ahora este personal podrá optar a la convocatoria de ayudas al estudio, becas para libros y ayudas para quienes tengan a su cargo hijos discapacitados. La Administración, hasta este ejercicio, venía dedicando unos dos millones de euros al año a esas ayudas sociales, destinadas tanto a personal laboral como a funcionarios. El Gobierno recurrirá el fallo del TSJA en casación ante el Tribunal Supremo, según confirmó la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, a LA NUEVA ESPAÑA.

Los magistrados de la Sala de lo Social concluyen en su sentencia que el Principado debe convocar y conceder las ayudas sociales correspondientes a 2010 porque estaban incluidas en un artículo dentro del convenio colectivo de los laborales suscrito por la administración y los sindicatos. El fallo, por lo tanto, afecta únicamente al personal laboral y no a los funcionarios.

Los jueces sostienen que si el Ejecutivo regional no convoca y no concede en 2010 las ayudas a su personal laboral para formación, para el estudio de los hijos y para su rehabilitación (en casos de discapacidad) «el artículo 59 del convenio se incumple y su finalidad se frustra». El fallo judicial destaca que «la decisión» de retirar esas ayudas «no fue el resultado de un acuerdo con los sindicatos ni constituyó el final de un proceso negociador, sino que se adoptó unilateralmente».

La Sala de lo Social determina que el real decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, dictado por el Gobierno central, «establecía medidas de contención y reducción de la masa salarial», pero no decía nada sobre las ayudas sociales. Y, además, la ley regional, que adaptó ese real decreto del Gobierno central, «en la nueva redacción sigue declarando que los gastos de acción social no son parte integrante de la masa salarial». En los fundamentos de derecho de la sentencia, los magistrados de lo social también argumentan que el Principado al elaborar el proyecto del Presupuesto regional, a finales de 2009, «no puso en duda la periodicidad anual de las ayudas sociales y reservó los fondos con los que atenderlas, a pesar de que la crisis económica ya afectaba seriamente a Asturias».

Los magistrados de lo social se detienen igualmente en el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado mes de agosto, que sí incluyó, «entre las medidas de contención del gasto, los fondos sociales» y concluyen que la alusión a las ayudas resulta más bien ambigua. «Mientras que varias de las medidas complementarias se enuncian en términos más concretos, que permiten conocer su alcance, el tratamiento de la acción social es vago, salvo al respecto del plan de pensiones y las medidas de jubilación anticipada». Además, añaden que el citado acuerdo «no expresa que se reducirán o suprimirán; por el contrario, utiliza la ambigua expresión "se adaptan"». Llegados a este punto, los jueces dictaminan: «adaptar una medida en función de determinadas circunstancias no es sinónimo de su supresión o eliminación, sino que presupone su conservación (...) El acuerdo no imponía de forma necesaria la supresión sino una adaptación de las medidas de acción social». Tras esta retahíla de fundamentos, la Sala de lo Social sentencia que «ni una ley impide o restringe la aplicación del convenio colectivo» ni un acuerdo del Consejo del Consejo de Gobierno «puede derogar o suspender la eficacia de la norma de la ayuda social», de ahí que «deba declararse la prevalencia del convenio colectivo y la ineficacia de la restricción del Principado».

El Gobierno regional dispone de diez días para formalizar un recurso de casación, que deberá resolver el Tribunal Supremo. La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, confirmó ayer que el Principado recurrirá esta sentencia, «sin ninguna duda», tras recordar que otras autonomías, como Murcia, «han aplicado recortes mucho más drásticos».