Gijón, R. GARCÍA
La sección octava de la Audiencia Provincial decretó ayer el traslado de la investigación de la «operación Marea» contra la corrupción a un Juzgado de instrucción de Oviedo. Los magistrados aceptan de esta manera la petición elevada por cinco de los abogados defensores, que fueron en su día apoyados por la fiscalía y la acusación que ejerce el Principado de Asturias, y rechazan los argumentos esgrimidos por la juez Ana López Pandiella, que defendía su competencia para seguir investigando. Los magistrados encargados de ver el recurso contra la no inhibición de la juez Ana López Pandiella entienden que el delito más grave de los que se imputan a los acusados, el de malversación de caudales públicos, fue cometido en la capital del Principado, ciudad en la que tiene su sede la Administración; es por esto que la investigación en torno a la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos debe llevarse a cabo en Oviedo. El sumario se adjudicará de forma ordinaria entrando como un caso más en los turnos de reparto de los Juzgados ovetenses.
En el auto en el que se acuerda el traslado de la causa, la magistrada ponente, Alicia Martínez Serrano, asegura, basándose en las pruebas por el momento recogidas por la juez titular de la investigación, que entre los delitos supuestamente cometidos por los acusados existe «conexidad», por lo que, en aplicación de la ley, el lugar de comisión del que más pena lleve aparejada es aquél en el que se debe investigar. Así, la prevaricación destaca por encima de las demás imputaciones: «Este delito sólo pudo cometerse en Oviedo, que es donde tiene su sede la Administración, donde trabajaban tres de los imputados y desde donde se ordenaron los supuestos pagos irregulares». Aun suponiendo que alguno de estos fraudes se cometiera en Gijón «y todos los demás en otros lugares de Asturias», el juez competente sería el de la Audiencia.
A pesar de este varapalo a la decisión de la juez de seguir investigando, los magistrados de la Audiencia Provincial entienden que cuando se iniciaron las actuaciones judiciales, tras la interposición de la denuncia presentada por una cajera cuya identidad supuestamente suplantó Marta Renedo para abrir una cuenta en la que desviaba dinero público, la actuación de Pandiella estaba «plenamente justificada», ya que por aquel entonces «se desconocía de qué delitos se trataba, qué personas habían participado o dónde se habían cometido». Ahora la competencia de esta magistrada «ha dejado de tener razón de ser como consecuencia de las investigaciones». Nada fija, por tanto, la instrucción en Gijón «más que el hecho de ser el lugar del descubrimiento del delito». La Audiencia rechaza incluso el argumento de que una de las empresas tuviera su sede en la ciudad.
López Pandiella envió a prisión en el mes de enero a tres de los imputados en este procedimiento: al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; a la que fuera su «número dos», María Jesús Otero, y a la funcionaria Marta Renedo Avilés. En libertad bajo fianza de 300.00 euros quedarían 24 horas después los dos empresarios detenidos: el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz. La juez asegura que todos ellos pertenecían, «a la luz de las pruebas hasta ahora practicadas», a un entramado corrupto dedicado a la adjudicación irregular de contratos públicos mediante la manipulación. La Audiencia dejaría luego en libertad bajo fianza al ex consejero Riopedre.
