Oviedo, Eloy MÉNDEZ
El Gobierno central prepara una profunda reforma de la ley de Costas que tendrá importantes repercusiones para muchos habitantes de viviendas en el litoral. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, tiene pensado flexibilizar el proceso para que los terrenos públicos situados junto al mar queden en manos privadas si se encuentran degradados, ya que, según un informe interno del departamento, los deslindes que marcan el límite de la zona estatal han seguido hasta ahora un «trazado arbitrario», en vez de una línea recta, por lo que se ha creado «inseguridad jurídica». Sin embargo, los expertos consideran que esto puede provocar otro «foco de arbitrariedad», ya que los grandes complejos urbanísticos del Levante se salvarán, mientras los pequeños grupos de casas, más típicas de Asturias, «tienen las de perder».
«Este sistema puede generar nuevas diferencias a la hora de determinar qué es una costa degradada y se tenderá a salvar zonas masificadas y no los pequeños grupos de casas», sostiene José Ortega, abogado de la plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que mira con recelo las intenciones del Ministerio de reformar la «desafección», alegando que este proceso «debería ser más ágil y rápido para aquellos bienes que han perdido sus características de dominio público».
Además, el Gobierno también persigue avanzar hacia la autorización de nuevos usos de «servidumbre de protección» siempre que «sean compatibles con la protección ambiental del dominio público». Un cambio radical de la normativa vigente desde 1988 para «conciliar la necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en dominio público, que no restrinja la actividad económica».
