Oviedo, L. Á. VEGA

Víctor Manuel Muñiz, uno de los empresarios imputados en el «caso Marea» de corrupción en la Administración, declaró ayer ante el juez que los pagos de viajes, regalos y otros servicios realizados por una de sus empresas (Comercial Asturiana de Papelería o Igrafo) al director de la Escuela Politécnica de Mieres, Antonio Bernardo, fueron en realidad «patrocinios a la Universidad». Entre esos pagos se encuentran viajes a Madrid y Denver, o una espicha, aunque la Agencia Tributaria ha encontrado facturas por trabajos de fontanería y otras obras, todo ello por importe de unos 9.000 euros. «Se ha aclarado que no ha habido nada ilegal. He trabajado por el bien de la Universidad, por el bien de mi trabajo», aseguró Bernardo al finalizar su declaración ante el juez del caso, Ángel Sorando. El director del campus de Mieres reconoció que los pagos habían sido realizados por Igrafo.

En la jornada de ayer también comparecieron el letrado de la Junta Ignacio Arias y un ordenanza del antiguo Inem, José Manuel González Menéndez, a quienes la Agencia Tributaria atribuye haber sido beneficiarios de obras y servicios pagados por Igrafo por importe, en el primero de los casos, de 7.300 euros, y de 4.300, en el segundo. Ambos declararon que habían pagado esas facturas a Igrafo, que había adelantado el pago de esos servicios, entre los que se encuentran la instalación de una cocina, en el caso del letrado de la Junta, y estancias de hotel y obras en una vivienda de Oviedo, por lo que respecta al ordenanza.

Las diferentes acusaciones se mostraron ayer de acuerdo con que no cabe mantener la imputación contra Ignacio Arias y José Manuel González Menéndez, toda vez que en su caso lo que se habría producido es una irregularidad fiscal, como reconoció el propio letrado de Igrafo, Miguel Valdés-Hevia, en un escrito remitido al juez Sorando.

También se mostraron a favor de levantar la imputación los letrados Fernando de Barutell, que defiende los intereses del Partido Progresista de Belmonte; Alberto Suárez Martínez, por el Bloque por Asturies, y Esteban Aparicio, por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL). Los tres consideran que tanto Arias como González «no tienen que ver con el asunto».

No ocurre lo mismo respecto a Antonio Bernardo. El letrado del director, Viliulfo Díaz, aseguró que su patrocinado «sólo ha pretendido defender los presupuestos de la Universidad, que son dinero público». Según Díaz, Bernardo ha entregado toda la documentación y contestó a todas las preguntas. Sobre la factura de fontanería, indicó que Bernardo «estaba con Muñiz en su despacho en Mieres y recibió una llamada de su mujer, que estaba embarazada, informándole de que no funcionaba un grifo. Entonces Muñiz le envió un fontanero». Díaz añadió que Bernardo «es un director de gestión, no maneja la mesa de contratación ni tiene posibilidad de dar a alguien un contrato». Y respecto a otros regalos recibidos, Díaz indicó que «no está prohibido que le regalen a uno tres o cuatro botellas de vino». El letrado manifestó además que espera el archivo de la imputación. «Cuando uno no tiene nada que ocultar contesta a todo sin problemas», indicó.

Entre los letrados, según manifestó alguno de ellos luego, causó cierto desconcierto que Bernardo indicase que en uno de los viajes pagados por Igrafo hubiese ido acompañado de dos becarias. Para el letrado de AVALL, de la declaración de Bernardo «podría extraerse alguna acusación». Alberto Suárez llamó la atención sobre «la extraña modalidad de patrocinio de Igrafo, consistente en pagar facturas a proveedores que luego declaraban como propias».

De Barutell indicó que «Bernardo justificó todas las facturas como una acción de mecenazgo habitual en la Universidad e indicó que no recibió nada personalmente, salvo una caja de vino y un regalo de boda». Y añadió que, en su opinión, quizá no debería seguir imputado.