Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
La licitación de obra pública en Asturias se desplomó hasta mínimos históricos en el primer cuatrimestre del año. En concreto, las obras lanzadas de enero a abril sumaron 18 millones de euros, incluyendo las correspondientes a la Administración central, al Gobierno del Principado y a los ayuntamientos de la región. Según fuentes del sector, en un ejercicio «normal», en los primeros cuatro meses del año ya se habrían licitado proyectos por unos 100 millones de euros.
La licitación de obras del Principado entre enero y abril, con el Gobierno de Cascos en funciones por la convocatoria electoral, se quedó en cuatro millones de euros. El Ejecutivo central, por su lado, sacó a contratación en la región actuaciones por valor de un millón de euros. Solamente los ayuntamientos fueron un poco más allá, con actuaciones que sumaron 13 millones.
Se trata de cifras históricamente bajas y desconocidas en Asturias en los últimos años, pese al azote de la crisis. Baste un ejemplo. Aunque fue un ejercicio muy complicado, el Principado licitó 133 millones de euros en 2011. Al ritmo actual, cerraría 2012 con sólo 16 millones. No obstante, hay que tener en cuenta que en el primer cuatrimestre del año no suele ser pródigo en licitaciones y que el Ejecutivo regional estaba en funciones.
Las dificultades por las que está pasando la construcción asturiana están teniendo efectos negativos en el empleo. Según los datos que maneja la patronal, la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocón), en marzo de este año trabajaban en el sector, con convenio, 13.800 personas, cuando en 2008 se alcanzaron picos de hasta 35.600 trabajadores.
Los constructores temen que la destrucción de empleo vaya a más de forma inmediata, en el caso de que el nuevo Gobierno regional, presidido por Javier Fernández, no busque soluciones para el pago de las obras plurianuales, paralizadas por el Ejecutivo de Foro, al no haberlas incluido en el decreto de prorroga presupuestaria. Los constructores alertan de que esta situación puede conllevar la destrucción inmediata de unos 3.500 empleos directos, y emplazan al nuevo Gobierno a que considere el problema una «prioridad».
Las empresas no han cobrado nada desde el 31 de diciembre, y aseguran que se están viendo obligadas a paralizar obras y a regular empleo. La patronal estaba especialmente molesta por que el propio Ejecutivo casquista, en su despedida, alardeara de una envidiable liquidez y por que los impagos se produzcan pese a que hay dinero en caja. El problema, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en abril, estriba en que el Gobierno no incluyó en la prórroga presupuestaria las obras plurianuales ni habilitó alternativas para esos pagos.
