Oviedo,

Álvaro FAES / Agencias

El Gobierno del Principado tendrá que hacerse cargo de la gestión de los servicios municipales que no ofrezcan unos estándares mínimos de calidad en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son setenta y uno de los setenta y ocho concejos asturianos. Todos, salvo Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Mieres y Castrillón. Así será si el Gobierno central saca adelante la propuesta de modificación de la ley de Bases de Régimen Local, según los planes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Lo anunció ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en el Congreso para avanzar los planes de trabajo de su departamento. La intención del Ejecutivo es que los servicios que prestan los municipios sean sometidos a examen y que los que no superen determinados niveles de calidad los presten en el futuro las diputaciones, lo que en el caso de Asturias y del resto de comunidades uniprovinciales recaería en manos de la Administración autonómica.

Este traspaso sería obligatorio en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y voluntario para los de mayor tamaño, según el documento base que han preparado en el departamento de Administraciones Públicas.

La propuesta de modificación de la ley de Bases de Régimen Local recoge en uno de los artículos que serían objeto de remodelación, el 26, la relación de servicios obligatorios para los ayuntamientos, en función de su número de habitantes. El Gobierno, según la propuesta, podrá, por medio de un real decreto, establecer los estándares de calidad para todos o algunos de los servicios públicos obligatorios. Es en este apartado donde los ayuntamientos podrían perder sus competencias, si es que no las ejecutan de manera satisfactoria según el reglamento que para tal efecto prepara también el Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta ahora, las diputaciones «asistían» a los ayuntamientos, aunque, si el proyecto de reforma prospera, pasarán a prestar directamente los servicios.

Las manifestaciones de Antonio Beteta no han caído bien en la Federación Asturias de Concejos (FACC), cuyo presidente, Antonio de Luis Solar, pide afrontar el proceso con mayor perspectiva. «El planteamiento es complejo y supone una fuerte reforma de las administraciones locales. Todo esto debe darse con el rigor y los consensos básicos necesarios». De Luis Solar cree que, antes de aplicar estas medidas, «se pueden acordar agrupaciones voluntarias de servicios sin necesidad de que éstos pasen a manos de nuestra comunidad autónoma».

El Gobierno del Principado declinó ayer la posibilidad de valorar los planes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respecto a la reforma de la Administración local al señalar que es una cuestión cuyo estudio aún no han abordado. Sí que hubo pronunciamientos desde el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, tras la comparecencia del secretario de Estado Antonio Beteta en el contexto de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Fue la diputada del PSOE Meritxell Batet quien solicitó al Gobierno «que no proyecte dudas sobre al grado de fiabilidad de las administraciones territoriales».

Ante las dudas planteadas desde las filas socialistas y también desde Izquierda Plural, Antonio Beteta utilizó su turno de réplica para aclarar la postura del Gobierno respecto a las administraciones locales. «Que nadie piense que es voluntad de este Ejecutivo la eliminación de municipios. En absoluto».

El proyecto de reforma en el que trabaja el Gobierno excluye de los servicios mínimos que deben ofrecer los municipios algunos de los que ostentaban hasta ahora. Desaparecen las competencias en materia de enseñanza (escuelas de 0 a 3 años, salvo la contratación del personal y el mantenimiento y la limpieza de los edificios) y en el ámbito de la salud, como el control de las instalaciones en locales de hostelería, por ejemplo. Además, los municipios pierden las actividades complementarias que tenían en cuanto a educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y medio ambiente.

Se trata de las llamadas «competencias impropias» por tratarse de servicios transferidos a las comunidades autónomas, aunque, según la ley, podrán realizarse siempre que las competencias propias de los municipios estén suficientemente garantizadas y que se cumplan los requerimientos establecidos por la ley de Estabilidad Presupuestaria.