Oviedo, Pablo GALLEGO

Control férreo sobre todos los gastos para luchar contra una situación económica «bastante límite» y paliar así los efectos de la deuda que el Principado tiene con la Universidad. Es la línea maestra del plan que la institución académica asturiana, dispuesta a terminar el año en «estabilidad presupuestaria» -es decir, no gastar más de lo que ingresa-, pondrá en marcha a partir de octubre. «Lo que no sea un gasto ineludible será relegado», anunció ayer el vicerrector de Planificación Económica, Santiago Álvarez, tras la reunión en la que el Consejo de Gobierno de la Universidad tomó conciencia, a través del informe del Rector, de la gravedad de la situación, de la casi total falta de liquidez causada por la deuda. Eso sí, las nóminas y los suministros básicos están asegurados, aclaran.

Los diez millones de euros que el Principado adeuda a la Universidad deben llegar, en su mayor parte, de la Consejería de Sanidad. Durante todo 2011 y en estos primeros meses de 2012 -es decir, durante los últimos meses de Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces, todo el Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos, de Foro, y en estos primeros meses del socialista Javier Fernández-, el Principado no ha abonado la parte que le corresponde de las nóminas de los profesionales del Servicio de Salud del Principado (Sespa) que dan clase en la Universidad, y la institución académica ha cubierto el total de los sueldos. Ése es, según los responsables universitarios, el quid de la cuestión y el detonante de este nuevo plus de austeridad. «Si recibiéramos el dinero que se nos debe, esto se paliaría muchísimo, nos pondríamos al día», reconoció el rector, Vicente Gotor.

Aunque el responsable de la Universidad señaló que el Principado se había comprometido a abonarles cuanto antes una «cantidad importante» de esos diez millones, la institución académica ha decidido pasar a la acción mientras el dinero llega. «Faltan tres meses para que termine el ejercicio, debemos tomar medidas para asegurar el pago de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas ya hasta fin de año», precisó el Vicerrector.

La idea, explicó Álvarez, es establecer un «diálogo» entre los centros y la gerencia para decidir qué gastos son inevitables y qué otros se pueden «posponer o eludir, sin llegar a la rigidez de la no disponibilidad», explicó. «Limitaremos el gasto a lo imprescindible, acompasándolo a nuestra situación de liquidez, para no asumir gastos que tardaríamos más de lo conveniente en pagar», insiste Álvarez.

Según explicaron ayer tanto el responsable de las cuentas universitarias como el Rector, hoy mismo la Universidad comenzará a pagar gastos del pasado mes de marzo. Antes, señaló Álvarez, el pago se hacía «a 60 días», y el retraso actual se debe «únicamente» a la falta de liquidez de la institución. «La Administración nos debe un dinero, y si mañana lo recibiéramos, todo esto no tendríamos que aplicarlo», aseguraron.

La de ayer fue la tercera ocasión en dos semanas en la que Gotor hizo referencia a la deuda del Principado con la Universidad. La primera fue el pasado 11 de septiembre, tras la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo. La segunda, durante el acto solemne de apertura del curso universitario, con el presidente del Principado, Javier Fernández, enfrente. La tercera llegó ayer, cargada con las consecuencias de la deuda, sólo dos días después de que el presidente regional pidiera comprensión a la Universidad, porque el Gobierno «se ve obligado a conciliar un listado enorme de prioridades».

A partir del próximo primero de octubre, la Universidad de Oviedo vigilará, casi con lupa, cualquier propuesta de gasto que salga de sus departamentos. «La prioridad es la docencia», afirmó Gotor, «la investigación son gastos afectados y va aparte». La Universidad necesita ahorrar, y ayer, además del control del gasto, Gotor anunció la supresión de los puestos de subdirector de institutos y departamentos, al menos en aquellos formados por menos de cincuenta profesores.

«Teníamos que recortar por algún lado», reconoció el Rector, que señaló que la supresión de estos puestos fue el punto que desató el «mayor debate» en la reunión de ayer. Con esta medida, la institución espera ahorrar «unos cien mil euros anuales». Lo justo, señaló Gotor, para poder mantener «a cuatro profesores jóvenes». Máxime cuando en otras instituciones de educación superior, señaló el Rector, «los departamentos sólo tienen director y secretario».

El único «exceso» permitido por el Consejo de Gobierno fue la convocatoria de dos plazas para profesores colaboradores en el área de Trabajo Social. Eso sí, con permiso del Gobierno del Principado. Ambas plazas, para las que se abrirá una convocatoria «competitiva», son «esenciales» para el buen desarrollo de este grado, señaló Gotor, y forman parte del compromiso adquirido cuando estos estudios se incluyeron en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales de Gijón. Este curso académico verá sólo otras dos incorporaciones de profesores, adelantó el Rector. Será en el segundo cuatrimestre, y para satisfacer las necesidades del área de Ingeniería Hidráulica, «que es nueva y necesita personas», aclaró.

Dentro de la renovación de estructuras abierta en la Universidad, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la fecha del 12 de noviembre para celebrar las elecciones al claustro, el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria.