Gijón, C. JIMÉNEZ

Un estudio sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) revela que por cada euro que se invierte en este servicio se devuelven dos euros a la sociedad, o lo que es lo mismo: la relación de costes humanos y económicos de los accidentes de tráfico evitados arroja saldo positivo. En concreto, la estimación para Asturias señala que las inspecciones técnicas a los vehículos evitan cada año medio millar de accidentes de tráfico y salvan 300 vidas. En el cómputo general del país se logra prevenir unos 9.000 accidentes al año en los siete millones de inspecciones realizadas, según explicó ayer en el campus gijonés el director técnico y de calidad de Itvasa (la empresa de ITV en el Principado), Celestino Pérez.

Hablaba el responsable del servicio en Asturias basándose en las conclusiones de un estudio realizado por el Instituto de Seguridad Vial de los Automóviles Duque Santomauro de la Universidad Carlos III de Madrid para conocer la contribución de la ITV a la seguridad vial. En el conjunto del país, esos 9.000 accidentes evitados equivalen a unas 1.900 vidas salvadas, entre víctimas mortales y heridos. El ahorro inducido en esa reducción de la siniestralidad en las carreteras ronda los 2.100 millones de euros sólo para el año 2006. «Ahora estaríamos por encima», apunta Pérez.

Además, según comentó el responsable de Itvasa, la Unión Europea prepara un refuerzo de la legislación sobre la inspección técnica de vehículos pues en este momento «países con Francia, Alemania o Portugal no incluyen la revisión a las motocicletas en su reglamento». A ello se sumaría la incorporación de cajas negras en los vehículos para obtener datos fiables sobre siniestralidad. «Los motoristas son ahora el nuevo centro de atención», subraya Pérez, quien advierte, no obstante, que los programas de seguridad vial no sólo se fijan en los muertos en la carretera sino también en las personas que resultan heridas «porque esas lesiones tienen un coste».

El directivo de Itvasa remarcó, durante una conferencia celebrada en el campus gijonés para abordar la implicación de los jóvenes en la seguridad vial que la relación causa-efecto de los controles de seguridad en los vehículos sobre la siniestralidad y la contaminación atmosférica es clara. Cualquier fallo mecánico, insiste Pérez, tiene un papel determinante en la generación de accidentes de tráfico. Y el beneficio económico también resulta significativo: «De los 30 euros que abonamos cuando vamos a pasar la revisión del coche, revierten 60 a la sociedad por el beneficio que representa la prevención de la siniestralidad».

Junto a Celestino Pérez, la jefa provincial de Tráfico, Raquel Casado, tomó parte en la misma jornada, celebrada en la Escuela Politécnica de Ingeniería, a iniciativa de dos alumnos del centro, Pablo Fernández e Ignacio Álvarez, que participan en un proyecto europeo sobre seguridad vial. Cumplir con el reto de la reducción progresiva del número de accidentes depende, según Casado, de ir menguando los límites de velocidad en las vías más conflictivas. «Está en estudio la de las carreteras convencionales, que es donde se produce el 70 por ciento de los accidentes», indica. «Hace diez años teníamos cinco mil muertos al año en las carreteras españolas y en 2011 cerramos con no más de 1.400. Eso significa que algo se está haciendo bien, pero hay que seguir trabajando en esta línea», sostiene. De hecho, el exceso de velocidad de encuentra en el origen del 27% de los accidentes de tráfico.

A la propuesta anterior, se suma la apuesta de la DGT por extender las «zonas 30» en las ciudades. Según Casado, en ciudad la prioridad es «proteger a los usuarios más vulnerables: el peatón y el ciclista». De ahí que desde el órgano estatal se esté tratando de ayudar a todos los ayuntamientos que hayan planificado para sus áreas urbanas la extensión de zonas de «tráfico lento» o de velocidad máxima 30 kilómetros por hora para dar celeridad a esos proyectos. «Aquí, en Asturias, hay que lograr que se establezcan elementos para proteger al peatón y al ciclista», enfatizó Casado en relación con la implantación de las primeras «zonas 30» en Oviedo, Gijón o Mieres, donde se acaba de poner en marcha un nuevo proyecto de carácter experimental.